La Iglesia católica exige a sacerdote condenado por violar a una menor que se entregue

La Conferencia Episcopal Peruana exhortó este viernes 12 de mayo al sacerdote Maurilio Paulino Villafana Morales a entregarse a las autoridades y cumplir la condena de cadena perpetua impuesta por los tribunales peruanos por el delito de violación de una menor de edad.

Mediante un comunicado, la organización de obispos de la Iglesia católica se sumó a la condena “de ese hecho execrable que daña a una menor víctima inocente”, así como afecta a la sociedad y a la Iglesia, señaló.

Agregó que Villafana es sacerdote del distrito de Mato y Huata, de la provincia de Huaylas, en la región Áncash, y que “en la medida de que dicha sanción hubiere sido impuesta en un juicio conforme al debido proceso”, se sumó a la condena del delito cometido.

La Conferencia Episcopal remarcó que la condena penal a cualquier persona que ha cometido delitos, “inclusive a un miembro de la Iglesia”, impuesta en un juicio llevado acorde al debido proceso, “obliga a su cumplimiento inmediato”.

Recordó que la Iglesia católica “defiende, apoya y se solidariza, siempre, con cualquier víctima de abuso sexual”. En ese sentido, exhortó a Villafana a “ponerse a derecho y cumplir la condena impuesta por los tribunales peruanos”.

Hace una semana, un juzgado de Áncash condenó a cadena perpetua a Villafana como autor de delito de violación de la libertad sexual de una niña, perpetrado entre 2014 y 2019, y ordenó su inmediata ubicación y captura.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Áncash impuso la pena, por unanimidad, contra Villafana, quien fue párroco del distrito de Mato, y empezó a abusar de la menor en 2014, cuando la víctima tenía 9 años.

El pasado sábado, el Ministerio del Interior de Perú anunció que ofrecía 80 mil soles por información valiosa para capturar al sacerdote Villafana, de 53 años, el cual ha sido incluido en la lista de “los más buscados” por la Policía Nacional.

Actualmente, Villafana se encuentra prófugo de la justicia bajo mandato de detención e internamiento en un establecimiento penitenciario. El condenado deberá pagar una reparación civil de 6 mil soles a la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva. La sala ordenó su ubicación, captura e internamiento en el penal de Huaraz, capital de Áncash.

La sentencia también dispuso su inhabilitación para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, o en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación.