El plenario de Fuerza Popular expulsó este martes a la congresista María Cordero Jon Tay, contra quien había iniciado un proceso disciplinario interno tras la difusión de un audio en el que pide parte de su sueldo a uno de sus trabajadores.
Un informe de Punto Final reveló, a mediados de abril, que la parlamentaria exigía hasta el 75% del salario de un exasesor de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, la cual presidió hasta la publicación de la denuncia.
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Cordero, representante de Tumbes, se convirtió en la quinta legisladora investigada por el Ministerio Público por cobros irregulares a personal de su despacho. La pesquisa es por el presunto delito de concusión, que contempla de dos a ocho años de cárcel.
El portavoz fujimorista Miguel Torres había informado que su comité político solicitó “iniciar inmediatamente” un proceso disciplinario “con miras a la expulsión”, que finalmente se concretó en esta jornada. Tras su retiro, la agrupación naranja ha quedado con 23 miembros en el Parlamento.
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De igual modo, la tienda reiteró su compromiso de “seguir trabajando incansablemente para garantizar una gestión ética y transparente del poder político”.
Cordero había presentado una carta de renuncia tras la publicación de la denuncia periodística, pero la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina resolvió rechazar su pedido para “continuar con el debido proceso de expulsión”.
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Juicio político
El despido de la parlamentaria ocurre la misma jornada en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite la denuncia, por la misma acusación, contra las congresistas Rosio Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y Katy Ugarte (no agrupada).
En el caso de Torres, se obtuvieron 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Mientras que para Ruiz, Acuña y Ugarte fueron 19 los legisladores que apoyaron dar luz verde a la denuncia.
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Según el reglamento parlamentario, los documentos de las acusaciones constitucionales pasarán a manos de la Comisión Permanente, que debe fijar el plazo para que la Subcomisión investigue y presente su informe con su recomendación.
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