El clan de Joaquín Ramírez aportó medio millón de soles a las campañas de Fuerza Popular en el 2011 y 2016

Durante años, Joaquín Ramírez fue uno de los más estrechos colaboradores de Keiko Fujimori. El empresario y hoy alcalde provincial de la ciudad de Cajamarca fue secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) e, incluso, parlamentario en el periodo 2011-2016. Tanta cercanía política, sin embargo, no resultaba una casualidad.

Según una investigación del portal La Encerrona, Ramírez aportó 125 mil soles para el fujimorismo en su intento por ser elegido como integrante del Parlamento. Una vez asumido su escaño, el hoy investigado por el delito de lavado de activos hizo depósitos de manera esporádica, por cinco años, por cerca de 61 mil soles a las arcas del partido naranja.

Como persona natural, Ramírez puso 186 mil soles por su campaña y para financiar a Fuerza 2011. Sin embargo, una de sus empresas, Compañía General de Combustibles S.A.C., también realizó una contribución en la campaña electoral de hace doce años con el alquiler de un local en la calle Campanilla 319, ubicado en la urbanización Camacho (Surco), que tenía un equivalente de S/ 84 232.

Ramírez siguió con el financiamiento al fujimorismo en la campaña presidencial del 2016, en la que no volvió a postular a la reelección congresal. Ya no lo hizo a cuenta propia, sino a través de sus empresas que también se encuentran investigadas por el Ministerio Público por lavar dinero.

Lima Ingeniería y Construcción aportó, en especies, la sesión de la casa de la calle Bucare en la urbanización Camacho (Surco) para que sea el búnker de Keiko Fujimori en la contienda electoral de hace siete años por un total de S/ 76 659.35.

Luego también se encuentra Mondreu S.A.C. que apoyó con el alquiler de otra sede del partido fujimorista en la cuadra 40 de la avenida Arequipa por un monto equivalente a los S/ 59 073.36 por dos años.

Más familiares

No obstante, Joaquín Ramírez no fue el único de su familia que se prestó a aportar económicamente al fujimorismo. También lo hizo su hermano menor Osias Ramírez, quien fue elegido parlamentario de Fuerza Popular en el periodo 2016-2019, que entregó de manera esporádica alrededor de S/ 33 354, 11.

Si se le suma a este dinero lo que puso cuando trató de ser elegido como gobernador regional de Cajamarca, entonces la cuenta se eleva a S/ 82 250. Otros personajes del clan Ramírez que pusieron algún aporte son Harold Morales Rojas y Marcos Aponte Andrade, quienes donaron S/ 4 642.50.

Con las cifras mencionadas, la familia de Joaquín Ramírez puso S/ 496 297 a favor del fujimorismo.

Busca anular incautaciones

El 12 de abril pasado la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) inició la incautación de los bienes e inmuebles que están vinculados a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Empezó por los locales de la Universidad Alas Peruanas en Lima y continuó en días posteriores en otras regiones del país como Cajamarca, Piura, Trujillo y Ayacucho, entre otros.

A casi un mes de estas diligencias, la defensa legal del alcalde provincial de Cajamarca ha presentado una apelación para que los 256 propiedades que le despojaron vuelvan a su poder. Según el diario La República, Ramírez elevó un recurso ante el Poder Judicial para cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de la medida adoptada por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

El exhombre de confianza de Keiko Fujimori ha señalado que la medida de incautación y desposesión de los bienes no ha sido suficientemente fundamentada. Incluso, consideró como innecesario esto porque citó que Registros Públicos no le permite desde marzo del 2021 que haga una transferencia de los mismos por una orden judicial.

Ramírez refirió que no existen elementos de convicción que certifiquen que sus bienes vayan a desaparecer en medio de la investigación al que se encuentra sometido y que la orden judicial de incautación que se dispuso tenía un mandato vencido porque salió el 14 de marzo pasado y el fiscal Wilson Salazar tenía un plazo de dos semanas para ejecutarlo, pero casi un mes después lo hizo.

El expediente subirá a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión. Si hay un fallo a favor de Joaquín Ramírez, todo el despliegue policial y fiscal que se hizo no habrá servido para nada.