Congresista Ilich López, investigado por el caso ‘Los Niños’, impulsa la salida del Perú del Pacto de San José

Tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año, varios sectores políticos de derecha salieron a pedir que el Perú se salga del sistema interamericano. Ahora se ha dado un paso más.

El congresista Ilich López (Acción Popular), quien es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal en el caso Los Niños, ha presentado un proyecto de ley para que el Estado peruano salga de la Convención Americana de Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José, para evitar que se siga manteniendo a violadores, asesinos y funcionarios corruptos.

“El tratado internacional obliga y somete al Estado a poder dictaminar respecto a problemáticas internas por las que podría estar atravesando el país, prohibiendo de esta manera, por ejemplo, la condenación de la pena de muerte para los delitos no estipulados dentro de la legislación nacional”, señala la iniciativa.

“En el Perú, las principales denuncias debido a la inseguridad ciudadana tienen como principal causal las de delitos con 403,701 denuncias contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, la seguridad pública y la libertad, denuncias por vehículos robados, por accidentes de tránsito, denuncias de trata de personas y personas detenidas; en segundo lugar, las denuncias por comisión de faltas y 240,875 denuncias por violencia familiar tanto física como psicológica, asó como 9,840 denuncias por violencia sexual”, acota.

¿Se puede salir de la Convención Americana de Derechos Humanos?

El experto internacionalista Francisco Belaúnde señaló que los países que están adscritos a la Corte IDH siempre es viable que se puedan retirar, pero el efecto no es inmediato. “Tiene que pasar un par de años, lo que quiere decir que todo lo que, digamos si hay un proceso en curso contra el Perú o se inicie en ese lapso, pues va tener que continuar hasta que se termine”, dijo.

Además, el docente en Política Internacional agregó que este paso también resultaría malo para la imagen del Perú sobre todo cuando existen estas críticas de la represión durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año. “Encima, el Gobierno ha estado bajo las críticas si decide retirarse (de la Corte IDH), pues va ser muy malo para la imagen del Perú y eso no es lo más conveniente. Es de las peores de las opciones”, anotó.

Belaúnde también recordó que el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), tal como lo recordamos en una nota de Infobae, tampoco pudo retirar al Perú del sistema interamericano porque no iba a acatar los fallos de los casos de Castillo Petruzzi y otros, así como el de Loayza Tamayo.

Por su parte, el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay agregó que resulta “absolutamente viable” retirar al Perú de la Corte IDH. “El artículo 78 de la Convención de San José de Costa Rica, o mejor llamado el Pacto de San José, es muy claro que establece como prerrogativa del Estado el derecho de formular una denuncia del instrumento jurídico, es decir, el derecho de salir o dejarlo. Y por hacerlo, el Estado no queda en acto marginal ni es sancionado”, explicó.

Rodríguez Mackay coincide con Belaunde al sostener que, efectivamente, el efecto no es inmediato. “El Estado debe dar un aviso previo de un año para su retiro formal del instrumento jurídico”, mencionó. A su juicio, el experto consideró que salir del sistema interamericano debería darse porque en el Perú tiene que implementarse temas como la pena de muerte para los violadores de menores. “Actualmente no se puede porque la convención lo prohíbe. El Pacto de San José prohíbe la fijación de la pena de muerte”, alega.

Ahora bien, Rodríguez Mackay planteó que, tras abandonar el sistema interamericano, el Perú debería promover negociaciones dentro de la Comunidad Andina -integrada por Colombia, Bolivia y Ecuador- para contar un tribunal de derechos humanos que ya no sea continental, sino netamente subregional y andino. No obstante, recalcó que tiene que haber consenso con estos países para sacar adelante la iniciativa.