Joaquín Ramírez dirigía sus empresas, investigadas por lavado de activos, mientras era congresista de Keiko Fujimori

La contadora Magaly Ramos, que llevaba las finanzas del hoy alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, habló ante la Fiscalía sobre los movimientos que se realizaban entre el 2012 y 2016.

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori
Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori en campaña

Más detalles complicarían la actual situación legal de Joaquín Ramírez, alcalde provincial de Cajamarca y exbrazo derecho de Keiko Fujimori. Y es que el Ministerio Público contaría con un testimonio clave que podría aportar a aclarar el panorama de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue en su contra.

Según una investigación del diario El Comercio, la contadora Magaly Ramos detalló a los fiscales en el 2019 que Ramírez Gamarra manejaba directamente las finanzas de sus empresas, bajo sospecha de lavar más de S/ 1 000 millones, mientras era congresista de la República por el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Ramos contó que fue contratada en el 2012 para ofrecer sus servicios a las firmas comerciales de Joaquín Ramírez: Constructora Inmobiliaria Habitaría S.A.C. y Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. Luego, ella agregó que se hizo cargo también de las finanzas de otras seis empresas del exlegislador fujimorista entre las que se encontraba la Universidad Alas Peruanas.

“En julio o agosto del 2012, acudía a la empresa en la avenida Av. Rivera Navarrete y fui entrevistada por Joaquín Ramírez, quien se encargaba de la entrevista personal. En agosto del 2012, ingresé [a trabajar] como asistente contable [...] El contrato lo firma el representante legal Joaquín Ramírez”, declaró.

Policía y Fiscalía de Lavado
Policía y Fiscalía de Lavado de Activos incautan propiedades de Joaquín Ramírez.

“A mi me encargaron la contabilidad de esas compañías de forma verbal, por parte de Joaquín Ramírez, y me encontraba en planilla de la inmobiliaria Habitaria, al ser parte del grupo empresarial”, agregó.

Este sería el primer indicio que Joaquín Ramírez seguía al mando de sus empresas a pesar de que ya era funcionario público, en este caso parlamentario. Según el reglamento del Congreso, todo aquel que ejerza una función dentro de este poder del Estado no puede tener algún tipo de relación privada con una empresa. Sin embargo, hay más.

La contadora Magaly Ramos indicó que la Universidad Alas Peruanas le otorgó sendos préstamos a las empresas de Ramírez Gamarra, quien tenía pleno conocimiento de estas movidas, entre agosto del 2014 y junio del 2015. De acuerdo a su declaración ante el Ministerio Público, el dinero que salió de las arcas de la institución universitaria nunca fue devuelto.

Adicionalmente, un tercer indicio de la influencia de Joaquín Ramírez en sus negocios, a pesar de que ejercía la función de congresista, es que seguía supervisando las obras que realizaba su inmobiliaria Constructora e Inmobiliria Habitaria S.A.C. en el 2013 en zonas ubicadas en distritos de Lima como Pueblo Libre.

Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca,
Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, desembolsó 2.6 millones de dólares por los dos departamentos de estreno en una de las zonas más exclusivas de Miami. (Andina)

“El tema de la obra lo veía Joaquín Ramírez con el residente de la obra. [Se facturaba de acuerdo al avance, de lo que me indicaban”, manifestó la excolaborador del actual alcalde de Cajamarca.

“El señor Joaquín [Ramírez] me solicitaba información contable de las compras y las ventas registradas en la compañía, y yo le presentaba esta información”, anotó.

Sentenciado

El alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, fue condenado a dos años de prisión suspendida por el delito de fraude procesal, según una sentencia del Juzgado Unipersonal de Chepén (La Libertad) difundida este jueves por Canal N.

La resolución, que data del 6 de enero pasado, señala que el excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular habría utilizado a sus allegados o empleados para generar trámites a nombre de funcionarios de la Universidad Alas Peruanas (UAP), fundada por su tío, en la compra y gestiones de predios en la provincia norteña.

La sentencia había quedado en estado de suspensión hasta que se resolviera la apelación en segunda instancia, según lo determinado en el nuevo Código Penal. La prisión suspendida se aplica a “delitos no graves”, cuya pena no sobrepasa los cuatro años.