César Muñoz, director asociado para las Américas en Human Rights Watch, crítica respuesta de Dina Boluarte a informe

Ayer se publicó el informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) respecto a las protestas que se dieron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso entre diciembre del 2022 y febrero de este año. Precisamente, dentro de los hallazgos de la ONG señalan que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.

Al respecto, la presidenta Boluarte fue consultada por este tema en la conferencia de prensa que ofreció tras una nueva sesión del Consejo de Ministros. En un intento por minimizar las conclusiones, enfatizó que HRW es un Organismo No Gubernamental: “Es eso, es una ONG”. Asimismo, se refirió al pedido para que se agilicen las investigaciones de las muertes para encontrar a los representantes.

“Aquí en el territorio nacional cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso dentro de la policía”, anotó la mandataria. Tras estas declaraciones, la respuesta no podría haber llegado desde Human Rights Watch.

“Es una reacción común de gobiernos que intentan restarle legitimidad en lugar de hablar del contenido del informe. Boluarte no habló del contenido, habló de nosotros”, señaló César Muñoz, director asociado para las Américas en HRW, en diálogo con Exitosa Radio.

Además, Muñoz reiteró que “hay que investigar a la persona que no solo apretó el gatillo (contra manifestantes), sino también a quien dio la orden” en clara intención de esclarecer si los militares y policías actuaron por cuenta propia a la hora de ejecutar una brutal represión contra los manifestantes o si solo obedecieron órdenes de los altos mandos. “La respuesta de las fuerzas del orden fue desproporcionada, indiscriminada y brutal”, agregó el directivo de HRW.

Hallazgos

Como es público, 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta de la República y la disolución del Parlamento. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice Human Rights Watch (HRW) sobre esta situación en su informe.

La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), hizo referencia también a un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que de las muertes ocurridas en las marchas contra las altas autoridades, al menos 49 se dieron por la represión militar y policial. En esta cifra, 39 víctimas presentaron que habían sufrido impactos de balas de las fuerzas del orden.

HRW señala que los peruanos que fueron asesinados, al menos 15, no participaban directamente de las protestas porque eran transeúntes. Además, agrega que tres eran observadores internacionales y otros tres estaban en los lugares de enfrentamiento para ayudar a los heridos que, por cierto, resultaron ser 125, de acuerdo a datos que el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, la organización internacional que defiende los derechos humanos menciona que revisó al menos 34 autopsias de fallecidos para determinar qué zonas habían recibido los disparos. Así, señalan que 14 víctimas registraban orificios de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda.

Responsabilidades

De otro lado, el informe de Human Rights Watch señala también que existe responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte para que se haya permitido la represión militar y policial en las protestas sociales que abarcaron a Lima y regiones del sur como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna.

Además, HRW también cuestiona el papel de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, para investigar y dar con los responsables de las muertes. Así, mencionan que hubo una demora para recoger pruebas que podrían haber contribuido al avance de las indagaciones en este asunto.

Dentro del capítulo enfocado en la labor del Ministerio Público, HRW también sostienen que “fiscales no entrevistaron a militares y policías meses después de los hechos”. Así, ponen como ejemplo lo ocurrido en Puno: “Para marzo de 2023, en Juliaca, donde 18 personas murieron a causa de las heridas sufridas el 9 de enero de 2023, la Fiscalía no había tomado declaración a los miembros de las fuerzas de seguridad”.