
Patricia Benavides, la segunda mujer más poderosa del Perú, la magistrada que lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, está centrada por una cadena de investigaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país.
En marzo pasado, la JNJ abrió una investigación contra la fiscal de la Nación por presuntas irregularidades en los cambios que consumó en el equipo especial de Los Cuellos Blancos, que investiga una red de corrupción en la Judicatura. Fue el único proceso que replicó públicamente Benavides, una magistrada que no da entrevistas.

Posteriormente, la fiscal de la Nación ultimó una parte del equipo que investigaba el caso Cuellos Blancos, y abrió paso al cese del fiscal Frank Almanza, quien por siete años estuvo integrado a la investigación por lavado de dinero contra la familia Sánchez Paredes, cuya fortuna ilegal permitió crear un imperio minero que exportó toneladas de oro a Estados Unidos, Europa y Asia, según el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas.
La JNJ ha reunido, en ese mismo expediente contra Patricia Benavides, las supuestas llamadas que mantuvo con Antonio Camayo, el excarcelado empresario ligado a Los Cuellos Blancos del Puerto.
Diez días después de las comunicaciones, el 7 de julio del mismo año, se difundieron los primeros audios interceptados a la red de favores en la que presuntamente participaron políticos y empresarios para favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia. Camayo está procesado por este caso.

Pese a estos antecedentes, Benavides ha señalado que la apertura de esa pesquisa fue una decisión “ilegal y arbitraria”, un “acto de amedrentamiento y obstrucción” a su trabajo fiscal y la “consumación de los ataques” iniciados en su contra desde que tomó la decisión “de investigar al poder político” del país.
“Quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula, puesto que (...) el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino, al contrario, ha sido reforzado”, sostuvo en un clip difundido inmediatamente después de ser notificada.
Benavides concluyó, sin embargo, que “nada de esto” la hará retroceder en su compromiso de “perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese”. Después, llegó un prolongado silencio.
Tesis no habidas
A fines de marzo, en un informe de Hildebrandt en sus trece, la JNJ confirmó una nueva investigación contra la titular del Ministerio Público por supuestas irregularidades en los títulos de maestría y doctorado que obtuvo en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Aunque el organismo evitó pronunciarse porque la investigación aún está en curso, señaló que “la calificación de la calidad de tesis les corresponde a las propias universidades”. Susel Paredes, la congresista que encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus trabajos académicos, detalló que su despacho fue informado de que los documentos habían sido “plagiados” por completo.
En una entrevista con el periodista Pedro Salinas, la legisladora señaló que esa fue la razón por la que decidió solicitar, sin éxito, una copia a la institución. “En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que [Benavides] estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, señaló.
Según el expediente de ratificación —adjunto por la congresista para denunciar graves omisiones y ausencia de certificados—, la fiscal de la Nación alcanzó el nivel intermedio del runa simi en el Instituto Superior de Quechua (Insuq), donde estudió de noviembre a diciembre de 2007. Asimismo, obtuvo el nivel básico de inglés en el Instituto Internacional de Sistemas Empresariales (IISEP), que también dicta clases de cosmetología.

“No es que me he ensañado con la fiscal. Es la integridad ética de [...] quien tiene la titularidad de la acción penal. Debe ser una persona impecable y académicamente solvente para dirigir a los fiscales supremos y otros fiscales, que son quienes acusan y determinan la libertad de las personas”, ha señalado la congresista.
Para Benavides, se trata de “críticas sin sustento”. En una aparición pública en Huaura, donde inauguró la Sala de Entrevista Única del distrito fiscal, hizo referencia a los cuestionamientos de manera escueta: “Toda mi vida personal y profesional ha sido y será con respeto a la ley, por eso soy fiscal. Seguiremos investigando y trabajando en beneficio de la ciudadanía, pese a quien le pese”.
Según Epicentro TV, a la fecha, la JNJ ha acumulado la denuncia de las tesis con la de la remoción de los fiscales del equipo de Cuellos Blancos. Aníbal Quiroga, abogado de Benavides, no respondió a las consultas del portal de investigación.
La medalla de López Aliaga
El más reciente proceso abierto contra Benavides parte de una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, implicado en una denuncia por lavado de activos en la modalidad de organización criminal. La magistrada obtuvo la Medalla de Lima el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

La denuncia fue elevada por los ciudadanos Hilario Manuel Rosales y Gino Alejandro Román Torres, quienes sostienen que la fiscal cometió una irregularidad al aceptar la distinción de López Aliaga, incluido, según IDL Reporteros, en una presunta trama de corrupción que se habría gestado en la Caja Metropolitana durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
En aquella ceremonia, por la cual ahora enfrenta una tercera investigación preliminar, Benavides mencionó estar dispuesta a someterse a cualquier escrutinio de rendición de cuentas o disciplinario. “Eso sí, no me pidan silencio o pasividad —remarcó—. Como toda mujer, también sé defenderme”. Hasta ahora, ni ella ni su despacho acceden a disipar su actuación gris.
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