
Son cinco congresistas investigadas por recortar el sueldo de sus trabajadores. Se trata de María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte. Pese a la gravedad del caso, las acusadas solo podrían recibir una suspensión no mayor a tres meses de parte de la Comisión de Ética.
En poco más de un mes se han difundido diversas denuncias de trabajadores parlamentarios sobre este tema. Las legisladoras acusadas pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú. Se trataría del presunto delito contra la administración de modalidad de concusión. Sin embargo, la pena que reciben de parte del Parlamento es leve.
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“La maxima sanción es la suspensión de 120 días”, dijo Karol Paredes, presidenta de la Comisión, en RPP Noticias. Además, señaló que aún no se tiene un tiempo establecido para presentar el informe final con las recomendaciones del caso. “Eso [entrega del informe final] va a variar. Ayer quedamos que los despachos de los congresistas que son parte de la Comisión de Ética van a hacer una revisión exhaustiva el día jueves 3. El equipo ténico juntamente con sus asesores se van a reunir para ver todo el trabajo de aportes y luego el lunes 8 vamos a debatir eso como corresponde”, explicó.
“Como parte del proceso, quisiéramos que esto se termine en un mes y medio, máximo dos o tres, creo quen el lunes 8 vamos a tener claridad respecto a esto. Nosotros llevamos una propuesta, pero estas deben ser debatidas y aceptadas en la Comisión”, agregó.
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Paredes indicó que estas demoras son parte de los procedimientos que dicta el reglamento. Asimismo, aseguró que se han identificado “nudos críticos” que imposibilitan el tratamiento de estos casos e impiden que se les den la celeridad que merecen. Ante ello, informó que ya se encuentran tomando decisiones para erradicar este problema.
“Se ha presentado una propuesta al reglamento y lo que nosotros buscamos es hacer un trabajo no solo eficiente, sino también respetando el debido proceso. Pero frente a situaciones que nosotros hemos venido viendo como parte de nuestro que trabajo, que ya es más de un año, nos hemos dado cuenta que hay nudos críticos y que efectivamente esos nudos críticos a veces no nos permite accionar como se quisiera”, dijo.
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Casos mediáticos
La primera legisladora denunciada fue Magaly Ruíz, de Alianza Para el Progreso (APP). La acusación fue interpuesta por el comunicador Marina Puscán, quien afirmó que la legisladora le recortó 1.500 soles de su sueldo por sus servicios en la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Parlamento.
Heidy Juárez, quien fue Ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo, también fue denunciada por recortarle el sueldo a sus trabajadores. De acuerdo al Semanario Hildebrandt en sus trece, las personas afectadas afirmaron que Miguel Chafloque, asesor principal de la congresista, les exigía pagos mensuales que variaban entre los S/ 200 y S/ 1000.
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Los trabajadores también reportaron que este recorte de sueldos implicaba a terceras personas. Según un reportaje de Punto Final, Rosio Torres habría obligado a cinco trabajadores a depositar parte de sus suledos a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. Cecilia Salazar Mattos, trabajadora parlamentaria, denunció que a transifrió más de 24 mil soles a Pérez.
Katy Ugarte, parlamentaria no agrupada, también habría recortado el sueldo de sus trabajadores para poder pagar publicaciones de prensa que mejorarían su imagen en la región del Cusco. Según un informe de Cuarto Poder, a sus trabajadores se les descontaba 300 soles al mes y a sus asesores un promedio de 400.
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Recientemente también se conoció el caso de María Cordero Jon Tay, quien fue grabada exigiendo a un trabajador que le deposite más del 50% de su salario. “¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le oye.
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