La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) continúa siendo el centro de polémicas, esta vez a causa de las recientes declaraciones de su superintendente Manuel Castillo. Este habría beneficiado a su cliente y hoy rector de la Universidad Nacional del Perú (UNP), Santos Montaño, para que pueda asumir el cargo en la casa de estudios. Ante ello se pidió el inicio de diligencias.
La Procuraduría General del Estado ha pedido al fiscal provincial penal de turno de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que se aperturen diligencias preliminares contra Manuel Enemecio Castillo Venegas y Santos Leandro Montaño Roalcaba por “la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.
Un informe de Punto Final señala que en la época en la que el hoy superintendente era abogado de Montaño Roalcaba inició un proceso para que este sea reconocido como rector de la universidad mencionada. El caso inició el 9 de marzo último cuando Miguel Vallejos, consejero de la SUNEDU, pidió la opinión jurídica de Manuel Castillo sobre la resolución que impedía a Montaño desempeñarse como rector.
El reportaje señala que además de cambios repentinos en la Oficina de Asesoría Jurídica, se hizo el pago de 21 mil soles por la opinión jurídica de la abogado Priscila Flores Matienzo. Esta en tres días emitió un documento en el que recomendaba que se reconociera a Santo Montaño como rector de la Universidad Nacional del Perú. Durante una intervención de Castillo señaló que llegó a su fin la Sunedu “policiaca, persecutoria, coactiva y sancionadora”.
Tras la difusión de lo dicho en el discurso, el superintendente, Manuel Castillo, anunció que “por decoro”, decide inhibirse ante los casos vinculados a la UNP. Esto “debido a su conocida relación con dicha casa de estudios, de la que es docente principal y fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”. Asimismo, recalcó que la elección de autoridades corresponde al órgano electoral de cada casa de estudios.
Sindicato reacciona
El Sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria recalcó que la institución fue creada con el objetivo de mejorar la calidad educativa de las universidades en el Perú; por ello, rechazaron los calificativos de “draconiana, sicaria, gendarme e inquisidora” hechos por las nuevas autoridades a la labor desempeñada durante los últimos años.
Los trabajadores insisten en que los procesos de licenciamiento, el registro de grados y titulos, la evaluación de autoridades y la supervisación y fiscalización de autoridades deben seguir realizándose de forma objetiva “salvaguardando la independencia entre supervisor y supervisado y garantizando el derecho a una educación de calidad”. Asimismo, instan a la ciudadanía a estar alertas a las medidas a implementar dentro de la SUNEDU.
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