El Instituto Nacional de Rehabilitación“Dra. Adriana Rebaza Flores”, del Ministerio de Salud (Minsa), generó un perjuicio económico por más de 1 millón de soles al tesoro público, luego de otorgar bonos COVID-19 a personal de salud que ni siquiera atendió casos de pacientes con coronavirus, según advierte un informe de la Contraloría General de la República, que fue difundido en el programa Al estilo Juliana.
En marzo del 2020, cuando en el Perú ocurrían hasta 200 muertes diarias por COVID-19, el gobierno de turno emitió un decreto de urgencia a fin de otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de salud de primera línea
Esta compensación económica debía ser otorgada únicamente a personal que prestaba servicios en “las Unidades de Cuidados Intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria”, según se lee en el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Sin embargo, la Contraloría, en el informe “Otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo”, que abarca de mayo del 2020 hasta fines del 2022, identificó que en el Instituto Nacional de Rehabilitación no se cumplió con los criterios exigidos, por lo que se entregaron bonos por un valor total de 1 121 266 soles, a pesar de que su personal no estaba dentro de los alcances del decreto de urgencia.
Según advierte la institución, decenas de servidores del INR recibieron, desde mayo del 2020 a diciembre del 2022, asignaciones de 720 soles mensuales, cada uno, a pesar de que no atendían a pacientes COVID-19.
La versión del INR
El trabajo en esta institución se limitó a la atención de pacientes no COVID y postCOVID, referidos de otros centros de salud. Incluso, la atención presencial se reanudó recién a fines del 2020, por lo que un buen periodo solo realizaron consultas virtuales mientras ya recibían su bono.
“Definitivamente han sido pagos regulares. Las apreciaciones que se puedan hacer tienen que tener la firmeza documentaria con la que hemos contado, con las que haremos los descargos correspondientes”, dijo Lily Pinguz, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación a ATV Noticias, al ser consultada por las irregularidades.
“En un contexto de pandemia, todo el personal, sin mayor restricción estaba en condición de vulnerable o expuesto. Definitivamente se cumplió con todas las normas que regía de lo que era el beneficio”, añadió.
Por este motivo, la Contraloría abrió investigación contra Pinguz y otros seis funcionarios, entre ellos Guillermo Baldeón, Jefe de la Oficina de Personal.
Aunque, personal del INR refiere que la institución sí atendió a pacientes derivados de la Villa Panamericana, en el área de hospitalización; así como pacientes postCOVID de forma ambulatoria.
En el Perú, la pandemia y el colapso del sistema sanitario público se cobró la vida de 551 médicos y otros 17.000 profesionales de la salud.
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