
A pesar de que Aníbal Torres ya no es funcionario público desde que el expresidente Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso de la República por tratar de ejecutar un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado, un familiar del ex primer ministro sigue facturando contratos con el Estado.
Según una nota del programa Beto a Saber, la empresa Aldem SAC obtuvo una orden de servicio en febrero pasado por S/ 1 140 000 con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) que se encuentra bajo la administración del Ministerio de Salud. La compañía le pertenece a Víctor Torres, hermano del exfuncionario de confianza de Castillo Terrones.
Hay que indicar que no es el primer contrato del hermano de Aníbal Torres. En septiembre del año pasado, el diario Perú 21 reveló que a la empresa Aldem SAC se le amplió hasta 2023 su servicio de alquiler de almacén al Cenares. Sin embargo, había recibido una sanción que le impedía seguir contratando con el Estado.
“El impedimento se configuró porque el señor Víctor Antonio Torres Vásquez era apoderado de dicha empresa y se suscribió el Contrato N° 861-2021-CENARES/MINSA, ‘Servicio de alquiler de local para uso como almacén de cajas térmicas’, por el monto ascendente a S/35,000″, especificó el OSCE. Y esto tiene mucha relación con lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225).

En el mencionado dispositivo legal se indica que estipula en su literal d) del artículo 11 que están impedidos de contratar con entidades públicas “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de ministros y viceministros. A pesar de esto, el hermano de Aníbal Torres ha facturado 2 millones 359 mil 200 soles bajo tres órdenes de servicio.
Defendió a su hermano
Aníbal Torres fue consultado sobre el vínculo entre la empresa de su hermano y el Estado. El periodista que formuló la pregunta cuestionó este contrato sobre todo porque señaló que se trata de una empresa inhabilitada. Por su parte, el expremier defendió la situación de su familiar y aplaudió el hecho de que gane “millones”.
“Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años, mucho antes de que yo ingresara como ministro y no es verdad lo que usted dice que ha sido inhabilitado. Hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal y cual están sobre la base de una sentencia constitucional. De manera que ahí no hay nada ilegal”, dijo.
Asimismo, criticó la reciente publicación de un artículo en el que se habría señalado que su hermano, Víctor Torres Vásquez, se habría reunido con el presidente Pedro Castillo. “Eso es absolutamente falso. Mi hermano creo que ni conoce Palacio de Gobierno. Él es un empresario. Claro que como empresario, tiene pues ingresos en la actividad privada que se dedica a la construcción y también en su almacén”, agregó.
Sobre las críticas en torno ganancias generadas por su hermano, el premier indicó que existe una cuota de envidia. “Si gana millones, ese es el peruano. Nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están contra eso. Gana su dinero honestamente y no debe millones al Estado como esos que critican desde su medios que no pagan impuestos al Estado”, zanjó.
Pedido de cárcel
Contracorriente, programa de Willax, realizó un reportaje en el que detalla que Víctor Antonio Torres Vásquez y su hijo Iván Torres García, hermano y sobrino del premier, respectivamente, y Víctor Hugo Carbajal Alzamora, como parte del consorcio Trasatlántica, están siendo acusados por el delito de cohecho simple al haber presentado documentación falsa en un proceso de contratación en la Municipalidad de Chiclayo, en la gestión de Roberto Torres.
“Se resuelve citar audiencia de juicio oral contra los acusados Roberto Torres Gonzales y contra Víctor Antonio Torres Vásquez, Iván Torres García y Víctor Hugo Carbajal Alzamora por el presunto delito contra la administración pública, en modalidad de colusión simple en agravio de la Municipalidad de Chiclayo”, se lee en el expediente fiscal revelado.
El repotaje también señaló que el hermano del primer ministro podría ser condenado a 9 años de prisión por el delito de colusión, por los acuerdos clandestinos ilícitos con el exburgomaestre, quien estaría sindicado por ser el cabecilla de la organización criminal ‘Los limpios de la corrupción’. Cabe mencionar que Roberto Torres ya ha sido sentenciado por los delitos de cohecho y por el delito de peculado mientras ejercía en la Municipalidad en el 2018.
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