La ex primera dama Lilia Paredes, junto a sus hermanos Walter y David, enfrentan un actual pedido de prisión preventiva por 36 meses. La sesión se retomó este miércoles 22 de marzo a cargo del juez del Octavo Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional, Raúl Justiniano Romero.
La Fiscalía solicitó dicha medida por la vinculación de los mencionados a una presunta red criminal -liderazgo que la entidad le atribuye al expresidente Pedro Castillo- durante el régimen presidencial anterior.
La investigación preparatoria inició en agosto del año pasado, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, por el supuesto direccionamiento de obras públicas irregulares en el que Paredes (presunta operadora), así como otros miembros de su familia, incurrieron en la Municipalidad de Anguía (Cajamarca).
La esposa del exmandatario se encuentra en México, junto a sus dos menores hijos, desde diciembre del 2022. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le brindó asilo político a la exfamilia presencial, tras el golpe de Estado de Castillo, pese a que Paredes Navarro ya contaba con investigaciones fiscales pendientes.
A la sesión presencial en la sede del Ministerio Público, donde los investigados se presentaron a través de las plataformas digitales, se apersonó Yenifer Paredes -hermana de los mencionados e hija putativa de Castillo Terrones- también inmersa en las diligencias fiscales de este caso.
Reprogramación
El magistrado Raúl Justiniano reprogramó la fecha de la sesión a solicitud de la defensa legal de los investigados. El juez precisó que la decisión se adoptó “por la cantidad de folios que presenta el requerimiento fiscal”, entre otros factores presentes en la diligencia.
De esta manera, la sesión pasará a realizarse este lunes 27 de marzo, a las diez de la mañana, con la participación de los hermanos Paredes vía online.
La Fiscalía de la Nación estima que Lilia Paredes informaba al expresidente Pedro Castillo, durante el ejercicio de sus funciones como dignatario, de los proyectos públicos ya negociados.
Posterior a ello, según la tesis fiscal, el exmandatario coordinaba con su entonces ministro Geiner Alvarado (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) para incluir estas obras en decretos de urgencia. Con este procedimiento, denuncia la institución, se favoreció a empresas fachadas como la de los hermanos Anggie y Hugo Espino.
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