La congresista no agrupada Susel Paredes informó en su cuenta de Twitter que desde el Ministerio Público rechazaron su pedido para acceder a las copias de las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
“Fuera de las formalidades de ley, esperaba que por una motivación personal decidiera hacer públicas sus tesis Señora Fiscal de la Nación. ¿Por qué no compartir la evidencia de su producción académica? De primar su interés personal, el parafraseo legal habría estado de más”, escribió Paredes en su red social.
La parlamentaria adjunto un oficio que le enviaron desde la Fiscalía. Allí se dice que su solicitud era denegada básicamente porque, si bien el artículo 96 de la Constitución reconoce la facultad parlamentaria de solicitar informes que sean necesarios para la función congresal, este no sería el caso de acuerdo con lo estipulado en el reglamento del Legislativo.
“El artículo 69 precisa que el informe que un congresista requiera deberá tener como finalidad el esclarecimiento de hechos o elementos de juicio para alguna decisión que adopten dentro de su autonomía; mientras que los artículos 22 y 87, interpretados de manera concordante, desarrollan el tenor literal de la citada norma constitucional, de manera que los informes que se requieran a la administración, en general, deben sustentarse en la necesidad del cumplimiento de su función”, se menciona en el oficio.
Además, la Fiscalía se apoya en otro artículo del reglamento congresal referido al control político que consiste en “el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de administración y de las autoridades del Estado”.
“En ese sentido, de la revisión de su documento, no se aprecia que se solicite un informe ni se hace alusión a un acto de administración de competencia del Ministerio Público, respecto del cual requiera alguna información. Por el contrario, se requiere documentos personales de la señora fiscal de la Nación; por lo que, corresponde que su solicitud se tramita conforme a los mecanismos institucionales y siguiendo el ordenamiento jurídico vigente”, finaliza.
Cuellos Blancos
De otro lado, la fiscal Benavides sigue cuestionada por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Al menos siete llamadas con el empresario Antonio Camayo, sindicado como integrante de la presunta red delincuencial, fueron registrados en un documento de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC).
El texto policial de 24 páginas, difundido el viernes por el semanario Hildebrandt en sus Trece, fue recibido a inicios de 2021 por la fiscal provincial Rocío Sánchez, quien entonces estaba a cargo de la investigación. Un mes después, fue retirada del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El escándalo estalló durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) y generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero, y que además tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.
Los vínculos de estos controvertidos personajes, entre los que figura el exjuez supremo César Hinostroza —fugado a España—, llegaron hasta sonados casos de la política peruana, como la investigación por lavado de activos abierta contra la excandidata Keiko Fujimori.
La fiscal Sánchez dijo desconocer el destino que tuvo este informe. Sus sucesores, los fiscales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera, no abrieron ninguna nueva carpeta de investigación, ni remitieron el documento a otras instancias de la Fiscalía.
Según la revista, el documento estuvo encarpetado durante casi dos años hasta que el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que le entregara copias certificadas a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en junio del año pasado, unos días antes de que Patricia Benavides juramentara como fiscal de la Nación.
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