PJ declaró inadmisible recurso de casación de Pedro Castillo para anular su prisión por autogolpe

El recurso presentado por la defensa de Castillo fue rechazado por la Sala Penal Permanente, un día después de que el PJ aceptara debatir la apelación del expresidente para que se “respete antejuicio político”

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La Sala Penal Permanente de Corte Suprema declaró inadmisible este jueves el recurso de casación interpuesto por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la resolución que confirmó su prisión preventiva de 18 meses por delito de rebelión y conspiración, tras orquestar el autogolpe en diciembre pasado.

Según un comunicado del Poder Judicial, el exmandatario apeló a la “inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación” para argumentar la anulación de su sentencia.

Ocurre un día después de que la misma Sala decidiera aceptar a debate un recurso de apelación de la defensa del expresidente “para que se respete la garantía del antejuicio político”.

El 27 de enero pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había declarado infundada, en primera instancia, la cuestión previa en la investigación que se sigue a Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad peruana.

El exmandatario permanece detenido desde el 7 diciembre y días después recibió una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva.

El pasado 9 de marzo se emitió otra orden de 36 meses de prisión preliminar en su contra, mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada durante su Gobierno, por la que puede recibir una condena de 32 años de cárcel.

Pedro Castillo se defiende ante nuevo pedido de prisión preventiva en su contra | Canal N

Durante la audiencia de este último pedido, la fiscalía señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la Administración pública, en la modalidad de colusión.

Este caso, en el que también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, responde a presuntas irregularidades en obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.