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Policía Nacional del Perú estalló explosivos en la frontera con Ecuador para detener actividades de minería ilegal

Comando Conjunto de Fuerzas Armadas ecuatorianas descartó que aviones peruanos hayan cruzado su espacio aéreo

Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la región Piura estuvo a cargo del operativo
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Durante los últimos días se difundió la noticia de un supuesto bombardeo en la frontera de Perú y Ecuador. Tras descartarse que se trataba de una respuesta del Ejército peruano, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que se trataba de un operativo suyo a cargo de su Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la región Piura, la misma que intervino maquinaria destinada a la minería ilegal.

Este medio citó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que descartaron que se haya tratado de una intervención de las autoridades peruanos en su territorio. Las autoridades descartaron que se hayan detectado aeronaves peruanos en su espacio aéreo. Desde el Perú se ha informado que son siete los detenidos en las inmediaciones del río Calvas ubicado en el distrito Jijiji en la provincia de Ayabaca.

Los involucrados fueron capturados “por encontrarse incursos en el presunto delito ambiental de contaminación en la modalidad de minería ilegal”, según las autoridades peruanas. Por el momento, se sabe que estos estarían vinculados a una banda criminal llamada “Los mafiosos del oro”. Sobre la maquinaria usada para la extracción del metal, no se ha podido confirmar su procedencia al no haber registros de estas.

Operativo estuvo a cargo de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la región Piura
Operativo estuvo a cargo de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la región Piura

La PNP dispuso que la maquinaria ligera y pesada incautada sea destruida usando explosivos. Estas tenían en conjunto un valor de S/. 10.886.340 aproximadamente. Desde el CCFFAA del Ecuador confirmaron que la destrucción de los instrumentos se realizó “por parte de las autoridades peruanas competentes en contra de la minería ilegal en su territorio de acuerdo al uso de sus derechos como parte de su soberanía”.

Primeras reacciones

La noticia tuvo más repercusión en la prensa ecuatoriana, la misma que obtuvo las declaraciones del alcalde de Macará, distrito cercano a la frontera con Perú. Este señaló a Tele7 que “las máquinas estaban trabajando en el lado peruano y contaminando el río binacional de Macará, cuando fueron bombardeadas por helicópteros peruanos”. Ahora se conoce que no fueron las aeronaves las que destruyeron los instrumentos de los mineros.

“Esta situación es preocupante porque puede ocasionar conflictos fuertes entre los países, (...) se debió coordinar acciones conjuntas entre las autoridades”, añadió la autoridad ecuatoriana. Según el teniente coronel, Hugo Estévez, comandante del batallón de Infantería 21 de Macará, resaltó que fueron cuatro retroexcavadoras las que fueron incendiadas. La misma fuente señaló que la orden de su destrucción habría venido desde Lima.

Maquinaria destruida sería ecuatoriana, según autoridades extranjeras.
Maquinaria destruida sería ecuatoriana, según autoridades extranjeras.

El 5 de marzo, día en que se empezó a difundir información sobre el operativo, la Cancillería envió un comunicado señalando que el Perú y Ecuador celebraba el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, “con los que inauguramos una nueva etapa de amistad, cooperación e integración entre nuestros pueblos, en beneficio de su desarrollo y bienestar”. Además, se aprovechó para mostrar su respaldo al Gobierno constitucional y democrático del presidente Guillermo Lasso.

Se tiene conocimiento que los ministros del Ambiente de ambos países han acordado reunirse para atender los problemas en torno a la contaminación que consideran “una amenaza para la seguridad pública del Estado”. Se espera que la reunión se haga durante abril. Cabe señalar que contaminación de los ríos binacionales de Ecuador y Perú, parte de las actividades en el lado ecuatoriano, es el objeto de una demanda internacional presentada por la Federación Regional Agraria de Tumbes, de Perú, que ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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