La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este miércoles una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cambios realizados en el equipo especial de Cuellos Blancos, los cuales, según el organismo, obedecerían a la existencia de unas comunicaciones telefónicas que la involucran en el proceso.
El caso se remonta al 2018, cuando fueron difundidos una serie de audios sobre hechos de corrupción entre empresarios y personajes del Poder Judicial de aquel entonces, entre ellos Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, y César Hinostroza, ex juez supremo prófugo de la Justicia.
“La resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula. El equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino reforzado. En solo seis meses se concluyó con las escuchas de la totalidad de los audios, lo que no se hizo en cuatro años. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, dijo la magistrada.
“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”, remarcó.
En septiembre de 2022, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva denunció en este portal de investigación que existían llamadas que involucraban al fiscal general con Antonio Camayo, uno de los principales empresarios investigados en este caso de corrupción al interior del sistema de administración de justicia.
OjoPúblico también difundió entonces un documento fiscal que confirmaba la aparición de Benavides en conversaciones telefónicas con Camayo.
CIDH pidió mayor protección para fiscal
El organismo señaló que el riesgo se debe al actual contexto de “crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad” al frente del Ministerio Público.
El país lleva tres meses sumido en protestas que reclaman la dimisión de Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Castillo. Al menos 48 personas han muerto durante las manifestaciones, reprimidas por las autoridades.
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