Perú Libre presenta nuevo proyecto de ley para reformar la Constitución: estos cambios plantea

Uno de los cambios planteados por Américo Gonza Castillo busca que el Estado “ejerza actividad empresarial”. Sin embargo, se calcula que, entre 1985 y 1989, las empresas públicas habrían acumulado pérdidas por un total de US$1.700 millones.

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Proyecto que permita renuncia de congresistas será atendido por la Comisión de Constitución.
El proyecto de ley 4303 plantea realizar una reforma de la Constitución, enfocándose en el capítulo económico.

El congresista Américo Gonza Castillo, de la bancada de Perú Libre, presentó este 21 de febrero el proyecto de ley 4303, el cual plantea una reforma de la Constitución.

En detalle, su iniciativa busca realizar modificaciones sobre los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 65. Precisamente, estos capítulos son parte del capítulo económico de la Carta Magna.

Los detalles

En primera instancia, el legislador plantea modificar el artículo 58, de manera que el Estado tenga un rol empresarial activo cuando hoy solo puede realizar este tipo de actividad subsidiariamente.

“La iniciativa pública, privada y mixta es libre, se ejerce en una economía popular de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, ejerciendo actividad empresarial en sectores estratégicos y de seguridad nacional”, es el texto modificado que se propone.

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Otro cambio que se plantea es sobre el artículo 59. El texto actual señala que “el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad”. Pero se plantea agregar que, “en tal sentido, presta apoyo a los emprendimientos en todas sus modalidades”.

También se busca cambiar el artículo 60 para precisar que “el Estado puede realizar actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de interés público, seguridad nacional y seguridad ciudadana”. En este sentido, se busca establecer prioridades: “La actividad empresarial pública tiene prevalencia sobre la privada y la inversión privada nacional tienen prevalencia sobre la extranjera”, se lee en el documento.

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La oficina de la Dini en Palacio de Gobierno está a disposición del presidente Pedro Castillo.
Uno de los cambios planteados para reformar la Constitución es que el Estado pueda realizar actividad empresarial, directa o indirecta.

Además, se busca cambiar el artículo 62, que se refiere a que los términos de los contratos no pueden ser modificados por leyes. Sin embargo, precisamente, se apunta a modificar el texto actual para que sí puedan realizarse cambios por leyes “u otras disposiciones de cualquier clase cuando lesionen el interés público”.

Mientras que otro cambio es sobre el artículo 63, relacionado a los términos de la inversión privada. “En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática”, es el nuevo texto planteado por el congresista Gonza.

En su análisis del “costo – beneficio” del proyecto, el legislador de Perú Libre sostiene que “no generará gastos al Estado Peruano, puesto que el objeto de la ley procura establecer la reforma de la Constitución Política del Perú”.

Más adelante, agrega que concretando esta reforma constitucional se podrá “neutralizar los monopolios (…) haciendo que los funcionarios de alto nivel, como ministros de Economía después pasen a trabajar para los monopolios, cerrando esa alianza nefasta en desmedro de los intereses nacionales”.

Conveniencia

De acuerdo con un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el anterior régimen económico de la Constitución se contemplaba que el Estado tenga un rol activo empresarial, lo que le permitía gestionar diversas empresas públicas. Sin embargo, el objetivo de mantener estas no eran económicos, sino políticos por parte de los funcionarios de turno.

La Constitución Política del Perú ya tiene 30 años de vigencia, pero ante el descontento social ha surgido la propuesta de cambiarla. Sin embargo, durante su aplicación ha sido fundamental para el desarrollo económico del país.
En el anterior régimen económico de la Constitución se contemplaba que el Estado tenga un rol activo empresarial. Con ello, gestionaba diversas empresas públicas.

A esto se sumaba que sus resultados financieros eran negativos y, en esa línea, imponía pérdidas millonarias que debieron ser asumidos por el impuesto de todos los peruanos. Se calcula que, entre 1985 y 1989, las empresas públicas habrían acumulado pérdidas por un total de US$1.700 millones.

Otro aspecto relevante para analizar son las propuestas planteadas sobre los términos de inversión privada, en los que se establece que los términos contractuales sí podrían cambiarse por ley “u otra disposición de cualquier clase” y que, en el caso de las inversiones extranjeras, se renuncia a toda reclamación diplomática. Esto supone que los inversionistas asuman un mayor nivel de riesgo y/o exposición al querer invertir sus recursos en el país.

En este sentido, el IPE señala que, en primer lugar, resulta clave para elevar el atractivo del país ante los inversionistas tener reglas de juego predecible. También destaca que, con el actual capítulo económico, el ámbito privado fue el principal motor de la inversión y que, “con una mayor libertad para emprender”, la inversión de este tipo en el país avanzó a un mayor ritmo que el promedio de la región.

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