Ipsos: 32% de peruanos culpa a Dina Boluarte de la crisis política y 43% cree que Pedro Castillo orquestó el golpe

Un 29% culpó al fujimorismo de la coyuntura peruana, frente a un 28% que señala a las bancadas de derecha del Congreso, según el estudio difundido en medio de las protestas

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En dos meses, las manifestaciones
En dos meses, las manifestaciones antigubernamentales se han cobrado la vida de 70 personas.

El 32% de peruanos considera a la presidenta Dina Boluarte como una de las principales responsables de la crisis política del país, mientras que el 43% cree que Pedro Castillo, preso por rebelión, orquestó el golpe de estado en diciembre de 2022, según una encuesta difundida este viernes por Ipsos.

Más de la mitad del país (51%), sobre todo en regiones, estimó que el Congreso ejecutó un golpe contra Castillo, y el 29% culpó al fujimorismo de la coyuntura peruana, frente a un 28% que señaló a las bancadas de derecha del Congreso.

La salida del poder del
La salida del poder del exmandatario desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos directos por la represión policial.

Ipsos también reveló que uno de cada cuatro peruanos pondría en la Presidencia a un líder “que promueva la economía de mercado” y “un líder fuerte”.

Castillo se encuentra detenido en Barbadillo desde el 7 de diciembre, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Boluarte, su vicepresidenta, como mandataria.

La salida del poder del exmandatario desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos directos por la represión policial. Los manifestantes exigen la dimisión de la presidenta y nuevas elecciones generales.

La tesis de la Fiscalía
La tesis de la Fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas

Acusado por corrupción

La semana pasada, el Congreso aprobó acusar a Castillo y dos de sus exministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilitó a la Fiscalía a actuar penalmente.

La tesis de la Fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.

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