Debido a las sucesivas derrotas judiciales en el fuero interno, la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, estaría trazando una nueva estrategia para llevar el caso al plano internacional.
Según el diario El Comercio, un grupo -cuyo objetivo sea exponer el asunto del exmandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- se conformó el 12 de enero pasado. Se llama ‘Comité para la Liberación de Pedro Castillo’ y el líder es el congresista Pasión Dávila (Bloque Magisterial), quien cumple una sanción de 120 días por haber agredido a su colega Juan Burgos.
Dávila es acompañado por Wilfredo Robles, abogado de Castillo y vinculado a la organización prosenderista Movadef, quien indicó que agotarán todos los recursos en el fuero judicial peruano para ir a la Corte IDH. Por lo pronto, ya presentó una medida cautelar a favor del exmandatario que viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por actos de corrupción durante su gobierno.
Otra integrante de este grupo es Jame Huamaní, quien se desempeñó como prefecta de Lima durante la gestión de Castillo Terrones. La docente de profesión tiene la responsabilidad de llevar los asuntos sociales y económicos como recaudar fondos para el profesor cajamarquino.
Aparte de los mencionados, hay otras personalidades que integrarían el grupo. Según Dávila, son Franco Pomalaya, exasesor de comunicaciones del expresidente Castillo, que está involucrado en el caso ‘Gabinete en las sombras’; la exministra de la Mujer, Anahí Durand; la dirigente social Lourdes Huanca, y finalmente la cuñada del exmandatario, Yenifer Paredes, que es investigada por el caso Anguía.
Movidas
Por lo pronto, el comité que busca la liberación de Pedro Castillo ya tuvo sus primeras acciones. En enero, el congresista Dávila y el abogado Robles viajaron a Argentina para ser parte de la ‘CELAC Social’, evento paralelo a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tuvo la presencia de varios mandatarios de la región. Allí coincidieron con el expresidente boliviano Evo Morales, quien fue el gran anfitrión de la actividad con dirigentes de izquierda.
Como es público, Morales fue declarado persona no grata e impedido de ingresar al Perú por cuestionar la detención de Castillo y al régimen de Dina Boluarte por la política represiva de los militares y los policías que ha dejado casi 60 muertos en las protestas. Estas posturas del dirigente boliviano también son compartidas por Pasión Dávila y el defensor legal del expresidente.
La siguiente movida del grupo pro Castillo fue contactarse con el político argentino Juan Grabois con el fin de que una delegación denominada ‘Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos’ venga a Perú para recoger información sobre las acciones que el Ejecutivo de Boluarte adoptó contra las manifestaciones sociales en Lima y regiones del sur.
El 15 de febrero, la Cancillería emitió un comunicado para aclarar ‘Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos’ no forma parte de ninguna delegación oficial o gubernamental.
“No se encuentran acreditados como funcionarios diplomáticos de su país, no es encuentran en misión especial diplomática especial ni forman parte de alguna misión carácter oficial o gubernamental”, precisa en documento oficial. Además, mencionó que las personas que son parte de la misión no tendrían una labor y habrían entrado como turistas.
“Dada la ausencia de una coordinación oficial, se presume que dichas personas habrían ingresado al territorio nacional con una calidad migratoria de turistas, lo que debería ser corroborado por las autoridades nacionales correspondientes”, se añade en el comunicado.
Lo más reciente del grupo pro Castillo fue traer al exjuez de la Corte IDH, Eugenio Zaffaroni, quien visitó al expresidente en el penal de Barbadillo.
“Está privado de libertad por el delito de rebelión, este requiere alzarse en armas. Él no tenía ningún arma, ni apoyo de las Fuerzas Armadas, al punto que lo detiene su propia custodia. No sé si sería motivo de un juicio político, de un juzgamiento, de una destitución política. (...) Aunque fuese típico de rebelión, tampoco sería realmente punible”, comentó Zaffaroni sobre Castillo.
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