Este viernes citarán al jefe del INPE y director de la Dinoes por entrevista de Pedro Castillo a medio extranjero

Los jefes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) serán citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso a raíz de la entrevista que Pedro Castillo brindó, sin autorización, a un portal extranjero desde el centro penitenciario de Barbadillo, donde está preso por su intento fallido de disolver el Parlamento.

Héctor Ventura, presidente de la Comisión, comunicó la iniciativa el martes a través de su cuenta de Twitter, donde criticó las declaraciones del expresidente: “¡Ya es demasiado! Pedro Castillo no solo lanza mensajes de odio desde el penal en sus redes, sino que ahora da entrevistas para medios internacionales”, dijo el legislador fujimorista.

El exmandatario se encuentra bajo condiciones de reclusión que se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal y sin complicaciones físicas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

En la entrevista con El Salto, realizada en los últimos días de enero y en los primeros días de febrero, Castillo aseguró que todavía se considera como jefe de Estado y minimizó el intento de golpe.

También arremetió contra Dina Boluarte, a quien dijo que la conoció en la segunda vuelta de su campaña. “Yo no sabía la clase de persona que era, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer”, señaló.

Condenan a Vladimir Cerrón

En esta misma jornada, la Justicia condenó a cuatro años de prisión a Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, que en 2021 llevó al poder al expresidente Castillo, por corrupción cuando fue gobernador de Junín (2011-2014).

El juez Guido Arroyo estableció que la pena se ejecutará una vez “consentida o ejecutoriada”, es decir, cuando sea confirmada en segunda instancia, por lo que el neurocirujano, de 52 años, permanecerá hasta entonces en libertad, aunque con ciertas restricciones.

Por este caso, el Ministerio Público había solicitado cuatro años de cárcel tras sustentar que el gobierno regional no debió haber realizado gestiones para crear un aeródromo en la provincia de Concepción, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había informado que dicha región ya contaba con un aeropuerto.