Un dato revelador demostraría que la violenta intervención de la Policía Nacional en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizada el pasado 20 de enero, no tuvo ningún resultado concreto sobre la posibilidad de capturar a alguna persona que esté involucrado en algún acto ilícito.
Según una investigación del diario La República, acta policiales recogieron que los 193 manifestantes intervenidos aquel día no portaban armas ni municiones y drogas, sino documentos de identidad, dinero, tarjetas de bancos y celulares.
Ejemplos sobran. La citada publicación detalla que en el caso de Rolando Huamán Carhuapoma, un docente de 42 años, que provino de la comunidad campesina de Acoria, en Huancavelica, quien tenía en su billetera solo nueve soles, una tarjeta del Banco de la Nación, otra de Caja Cusco, así como de la Financiera Confianza.
Además, Huamán contaba con su tarjeta de identificación vehicular, licencia de conducir y un celular.
Otro caso es el de Néstor Quispe Huanca, de ocupación obrero, indican que tenía 420 soles y dos celulares, uno de Movistar y otro de Claro. El estudiante universitario Luis Gustavo Turpo Coaquira, de 20 años, le incautaron un celular negro y una billetera con sesenta soles. Los dos vinieron de Arequipa para hacerse presente en las manifestaciones de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte.
En base a esta situación, el Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitó a la Fiscalía que se archive la investigación por ausencia de pruebas. Sin embargo, aún se investiga la denuncia que hizo la UNMSM sobre el robo de equipos de seguridad y agresiones al personal durante el alojamiento de manifestantes en su campus.
Rechazo unánime
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Transparencia rechazaron esta intervención policial y pidieron al Estado rendir cuentas.
La CIDH expresó “su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas” en la casa de estudios y exhortó “urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas”.
Por su parte, Amnistía Internacional invocó “el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza” y el respeto de los derechos humanos “en todo momento”.
“El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibición de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos”, señaló la organización.
En tanto, Transparencia remarcó que “un gobierno democrático tiene el deber de hacer cumplir la ley; para ello debe respetar estrictamente el marco constitucional y legal”, garantizando los derechos de todos. “Por eso es urgente una explicación clara del Ejecutivo sobre lo ocurrido el día de hoy en la UNMSM”, instó.
Piden salida de la rectora
“Ahora es directamente responsable (Jeri Ramón) de la brutal agresión contra nuestro campus universitario y contra los compatriotas allí presentes pacíficamente”, indica el comunicado del Acuerdo Institucional Sanmarquino.
El gremio está conformado por catedráticos de la universidad quienes dejaron en claro que el accionar de la rectora, quien también es contadora de profesión, fue buscar la expulsión denigrándolos y exponiéndolos a agresiones por parte de policías, aparte de tratarlos como delincuentes.
“Exigimos también la renuncia o la vacancia de la rectora porque su presencia en el rectorado manda la historia y el honor de San Marcos”, se lee al final del comunicado.
La rectora de la UNMSM descartó su renuncia a pesar de la solicitud de los miembros de la casa universitaria. Argumentó que aquellos que piden su renuncia están asociados al poder político, además de ser azuzadores.
“Yo no voy a poner mi cargo a disposición porque tengo que llevarlo a un Consejo y a una asamblea”, dijo en una entrevista para Punto Final. Entre líneas hizo señaló a algunos congresistas de incitar a los jóvenes respecto a las marchas, recalcando la presencia de estos en las puerta 3 de la Decana de América.
“¿Por qué San Marcos tiene que ser ahora el centro y por qué la cabeza de la rectora está siendo pedida? Porque también hay un grupo del poder político que están detrás de esto. Lógico, hay un grupo político que está azuzando a la población [...] ¿Quiénes llegaron a la puerta 3? Fueron congresistas Bermejo y Sigrid Bazán”, mencionó.
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