Ciudadanos que acepten cargos públicos sin cumplir con los requisitos recibirán hasta 4 años de cárcel

El Ejecutivo, presidido por la presidente Dina Boluarte, promulgó la Ley N° 31676 con la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.

La norma, que modifica el código penal, establece una serie de penas privativas de la libertad en contra de autoridades o futuros ciudadanos que ocupen un cargo público que vulneren estos principios.

Esta fue publicada en el el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y está referido al “nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo”.

El texto establece que el funcionario público que nombre, designe, contrate o encargue a una persona un cargo público, que no cuente con los requisitos legales para ejecutar el puesto, será sancionado con una pena de cárcel no menos de dos ni mayor de cuatro años.

La medida también comprende a aquellos ciudadanos que, a sabiendas de que no cuentan con lo necesario para laborar en el Estado, aceptan asumir el puesto y se desempeñan en él. En ambos casos, además, los sancionados también recibirán entre 60 y 120 días de multa.

El documento lleva las rúbricas de la dignatara peruana, Boluarte Zegarra, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola; el titular del Congreso de la República, José Williams Zapata; y la primera vicepresidente de este último poder del Estado, Martha Moyano Delgado.

Reordenamiento

La mandataria Dina Boluarte ya había anunciado algunos en cambios en relación a una mejora en los puestos públicos, meritocracia, entre otros, al interior del Estado.

El pasado 23 de diciembre del 2022, declaró “en organización” al Despacho Presidencial con el objetivo de evidencia un “trabajo transparente en la lucha frontal contra la corrupción”.

“Hay que ordenar la casa, tiene que haber un ROF (Reglamento de Organización y Funciones), cada persona tiene que estar en su espacio y función conforme a sus competencias, y a los que no califican habrá que decirles gracias por sus servicios”, afirmó en aquel momento Boluarte Zegarra.

El citado área de Palacio de Gobierno albergó a cuestionados personajes, entre ellos, Bruno Pacheco, exsecretario general del expresidente Pedro Castillo al que se le encontró veinte mil dólares, en el baño de su despacho, por parte del Ministerio Público.

“Le he dicho al premier que cada semana que nos vamos a reunir en Consejo de Ministros debemos tener resultados y dar conferencia de prensa indicando cómo fue el consejo anterior y lo que ahora se está entregando”, comunicó Boluarte en diciembre último.

El decreto supremo sobre esta reorganización, publicado en el Diario Oficial El Peruano, declaró al Estado Peruano “en un proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano”.

Además, se contó con una comisión especial, para dicha tarea, que elaboró un informe con distintas propuestas. Para esta finalidad, se puso a disposición a los órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).