El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales por el caso del legislador Freddy Díaz, luego de conocerse la decisión del Pleno de Congreso de la República de aprobar un informe para inhabilitarlo por 10 años en el ejercicio de cargos públicos.
“El Pleno del Congreso reconsideró su votación anterior y aprobó el informe final que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz, denunciado e investigado por violación sexual”, escribió la institución en su cuenta de Twitter.
En un segundo tuit, el MIMP señaló: “Los poderes del Estado debemos ser firmes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, más aún si la agresión es cometida por funcionarios públicos en instalaciones del Estado. Nada justifica la violencia”.
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Hoy, el Pleno del @congresoperu reconsideró su votación anterior y aprobó el informe final que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz, denunciado e investigado por violación sexual. (1/2)
— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 12, 2023
Para este jueves 12 de enero, tras las numerosas críticas por una primera votación que rechazaba su inhabilitación, el titular del Congreso de la República, José Williams, programó una sesión para ver una reconsideración al tema.
Esta vez, en segunda votación se consiguió 77 votos, cuatro abstenciones y un voto en contra para aprobar el informe en cuestión, que lo deja fuera del Legislativo y de ejercer cualquier otro cargo público por un plazo de 10 años. Minutos antes de saber la decisión del Congreso, Díaz abandonó su curul.
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Se pronunció
Finalizada la votación, el congresista, quien es acusado de presuntamente violar a una trabajadora en su propio despacho, brindó una conferencia de prensa desde el Hall de los pasos perdidos.
Las primeras palabras del ahora exparlamentario estuvieron dirigidas a la prensa a la que culpó de haber motivado el resultado de la votación. Sin pruebas que demuestren lo dicho, Díaz señaló que se ejerció presión mediática para aprobar el informe en su contra en la reconsideración.
Aseguró que se cometió un exceso en su contra y que haber cumplido la sanción impuesta por la Comisión de Ética fue suficiente. Él había regresado a sus actividades parlamentarias pasado 7 de enero al cumplirse los 120 días de suspensión que se le impuso en un inicio.
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Además, sostuvo: ““La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya tenía decidida la sanción que quería imponer. El día martes no lograron su objetivo y ha sido tanta la presión que hasta el día de ayer el Ministerio Público ha solicitado una prisión preventiva. ¿Qué está pasando acá?”, señaló para luego especular sobre un presunto trabajo coordinado entre el Parlamento y la Fiscalía.
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