Después de casi dos décadas de desacuerdos, el Congreso General Guna aprobó iniciar la consulta previa, libre e informada sobre la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.
La decisión convierte a Gunayala en el segundo de los tres territorios indígenas panameños vinculados al trazado que autoriza este procedimiento, considerado fundamental para avanzar con el proyecto.
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La resolución fue adoptada por consenso durante la asamblea celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. Por primera vez, las autoridades tradicionales aprobaron formalmente una hoja de ruta para consultar a sus comunidades, con procedimientos definidos conforme a las normas y mecanismos de decisión del pueblo guna.
El documento, identificado como Resolución No. 2, faculta a una comisión designada por el Congreso para organizar las distintas etapas del proceso. Sin embargo, la autorización no significa que las comunidades hayan aprobado la construcción de la infraestructura, sino que aceptaron participar en una evaluación informada sobre sus posibles consecuencias.
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Con esta decisión, Gunayala se suma a la comarca de Wargandí, que inició su consulta en agosto, mientras las Tierras Colectivas de Alto Bayano permanecen pendientes de completar ese paso.
Los tres territorios forman parte del corredor previsto para transportar electricidad entre ambos países, atravesando zonas de considerable importancia ambiental y cultural.
La interconexión contempla una línea de transmisión de aproximadamente 500 kilómetros, con capacidad inicial de 400 megavatios. Su recorrido comprende 220 kilómetros terrestres en Panamá, 130 kilómetros submarinos por el Caribe y otros 150 kilómetros en territorio colombiano, utilizando tecnología de corriente directa de alta tensión.
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El trazado partirá de la subestación Panamá II, en territorio panameño, y atravesará Alto Bayano, Wargandí y Gunayala hasta llegar a Mulatupu. Desde allí, un cable submarino cruzará hacia Necoclí, en Colombia, antes de continuar hasta la subestación Cerromatoso, ubicada en el departamento de Córdoba.
La importancia estratégica consiste en conectar por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica, permitiendo transportar energía desde Panamá hacia Colombia y viceversa.
Mediante las redes regionales existentes, el intercambio podría extenderse hacia Ecuador, otros países centroamericanos y México, sujeto a las capacidades de transmisión y acuerdos comerciales correspondientes.
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Los gobiernos de Panamá y Ecuador acordaron en septiembre de 2026 impulsar una futura ampliación de la integración energética regional. La iniciativa permitiría aprovechar diferencias de precios, disponibilidad de generación y condiciones climáticas, aunque los beneficios económicos dependerán de los mercados, las tarifas y la regulación aplicable.
El proyecto ha manejado una inversión de referencia de 800 millones de dólares, aunque estimaciones posteriores de sus promotores sitúan el presupuesto entre 1,000 y 1,400 millones. El costo definitivo dependerá de las licencias ambientales, los requerimientos técnicos y la financiación, todavía pendientes de completar.
Su ejecución acumula numerosos retrasos por desacuerdos territoriales, preocupaciones ambientales y falta de consensos comunitarios. También han influido la necesidad de armonizar las regulaciones eléctricas de ambos países, obtener autorizaciones y definir las condiciones financieras para una infraestructura que atravesará áreas sensibles del Darién.
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En Gunayala, la oposición tiene antecedentes concretos. En 2015 el Congreso rechazó el trazado propuesto, mientras que en 2018 autorizó estudios sin que prosperara el entendimiento. En marzo de 2023, las autoridades rechazaron el estudio de impacto ambiental y el proyecto, manteniendo las objeciones sobre su territorio.
La posición comenzó a modificarse en marzo de 2026, cuando se derogó aquella resolución, y posteriormente se creó una comisión encargada de preparar la consulta. Las preocupaciones indígenas incluyen la protección de bosques, el respeto a su autonomía, la participación efectiva en las decisiones y los beneficios que recibirían las comunidades.
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Entre las principales demandas figura que la infraestructura contribuya a mejorar las condiciones de vida, mediante electrificación rural y acceso vial. Las autoridades han planteado integrar estas necesidades al denominado Corredor Ambiental Sostenible, que combina transmisión eléctrica, caminos y suministro energético para poblaciones históricamente aisladas.
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que el procedimiento debe respetar los tiempos y las decisiones tradicionales. Desde octubre de 2025, su despacho mantiene conversaciones con las autoridades gunas y coordina una mesa interinstitucional integrada por 14 entidades, encargadas de acompañar los aspectos sociales, ambientales y territoriales.
La nueva resolución representa un avance significativo después de años de resistencia, pero todavía quedan etapas decisivas antes de construir. Las consultas comunitarias, los permisos ambientales, los acuerdos regulatorios y el cierre financiero determinarán cuándo podrá ejecutarse la interconexión, cuyo desarrollo lleva más de dos décadas en discusión.
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