Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dimax, fue expulsado de Panamá y entregado a las autoridades colombianas el martes 27 de octubre.
El extranjero registra una condena superior a 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol por requerimientos judiciales en su país de origen.
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Castillo Vaca es vinculado por las autoridades con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.
La organización Los Dimax, que presuntamente dirigía, mantiene su principal área de operaciones en Cali, una de las ciudades colombianas donde las autoridades han investigado estructuras dedicadas a distintas actividades delictivas.
El colombiano había sido identificado en septiembre por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante labores coordinadas con el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía de Colombia.
Estas diligencias permitieron confirmar su identidad y los requerimientos judiciales que motivaron su entrega a las autoridades del vecino país.
Su salida formó parte de un operativo que involucró a 37 colombianos, de los cuales 19 fueron deportados y 18 expulsados. Entre las causales identificadas figuran delitos contra la seguridad colectiva y casos relacionados con el Tren de Aragua y préstamos informales, mientras Panamá mantiene controles sobre extranjeros vinculados con actividades ilícitas.
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El caso también vuelve a poner bajo atención el sistema de préstamos denominado “gota a gota”, utilizado para ofrecer dinero rápido, generalmente sin garantías bancarias ni evaluaciones crediticias.
Los prestatarios deben realizar pagos frecuentes, habitualmente diarios, bajo condiciones que pueden incluir intereses elevados y mecanismos de cobro abusivos, especialmente cuando existen retrasos.
En Panamá, prestar dinero con intereses elevados no constituye automáticamente un delito, porque la usura no está tipificada como una conducta penal independiente en el Código Penal vigente.
Sin embargo, cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o exigencias violentas, pueden configurarse delitos como extorsión, castigada con penas de cinco a diez años de prisión.
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Las autoridades panameñas han desarrollado otros operativos contra personas vinculadas a esta modalidad. En agosto de 2026, Migración retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un colombiano identificado como presunto tercer cabecilla de La Inmaculada, una organización criminal investigada por extorsiones y cobros violentos de préstamos en Colombia.
Posteriormente, el 4 de septiembre, un ciudadano colombiano fue aprehendido en Chitré, provincia de Herrera, durante la Operación Perseus, cuando presuntamente realizaba cobros diarios.
La intervención respondió a que su actividad económica era incompatible con el permiso migratorio que autorizaba su permanencia en territorio panameño.
El 20 de septiembre, la Policía Nacional reportó la aprehensión de otros tres colombianos presuntamente relacionados con el sistema de cobros denominado “cobra diario”. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continuaban las verificaciones sobre sus actividades y posibles infracciones legales.
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Los controles migratorios también reflejan un aumento de las medidas administrativas de salida. Hasta el 11 de octubre de 2026, Panamá había registrado 3.711 deportaciones y expulsiones, distribuidas entre 2.907 deportados y 804 expulsados, según las estadísticas oficiales correspondientes a ese período.
Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos por 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India. Los hombres concentraron 3.170 procedimientos, frente a 541 mujeres, mientras otras nacionalidades acumularon 887 casos dentro del balance migratorio.
Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, Panamá contabilizó 3.209 personas deportadas o expulsadas, entre ellas 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios.
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El informe también registró 134 venezolanos y cinco ecuatorianos con retorno asistido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional.
Con el operativo del 27 de octubre, Panamá acumuló 76 vuelos chárter utilizados en procedimientos de control migratorio. Las autoridades mantienen la cooperación con organismos internacionales para identificar personas requeridas judicialmente y fortalecer la vigilancia sobre actividades criminales, mientras continúan las deportaciones y expulsiones de extranjeros.
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