Panamá busca fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores de fármacos

Panamá hará uso del Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM), una herramienta orientada a mejorar las condiciones de adquisición de fármacos para la población.

El mecanismo busca coordinar el trabajo entre distintas instituciones y reforzar la capacidad de negociación ante los proveedores.

El SINPREM permitirá contar con precios de referencia para las compras de medicamentos, con el objetivo de obtener condiciones más favorables y respaldar una gestión más eficiente de los recursos destinados a la salud pública, según el Ministerio de Salud (Minsa).

La iniciativa apunta a que las entidades involucradas dispongan de información que facilite los procesos de compra y contribuya a decisiones basadas en valores de referencia.

Con esta herramienta, el Minsa asegura que busca favorecer el acceso oportuno a los medicamentos para los pacientes panameños.

La entidad informó que el SINPREM comenzará a operar con la meta de aplicarse a las adquisiciones del presupuesto de 2027.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, coordina la iniciativa junto con la Caja de Seguro Social (CSS), y según explicó, el objetivo es avanzar hacia medicamentos más accesibles mediante la coordinación entre instituciones, el análisis de la demanda y la negociación de precios basados en los volúmenes que requiere el sistema público de salud.

Detalló que el precio de referencia operará como un tope máximo para la adquisición de los fármacos incluidos en el sistema.

Ese parámetro, agregó, surgirá del análisis conjunto de las necesidades del Minsa y la CSS, procesado a través del Observatorio Nacional de Medicamentos, la plataforma técnica que respaldará todo el proceso.

Insistió en que el sistema busca fijar un precio máximo de referencia para la compra pública de medicamentos en Panamá, a partir del cruce de información sobre volúmenes de demanda del Minsa y la CSS.

Con ese dato, se afirma que el Estado negocia condiciones más favorables y evita que las instituciones paguen por encima de un valor de mercado previamente establecido.

El proceso arranca con la recopilación y consolidación de las necesidades de medicamentos de ambas instituciones, a partir de la información de sus propios sistemas de abastecimiento y compra.

Con esos datos organizados, los equipos técnicos evaluarán las cantidades requeridas y detectarán oportunidades de negociación.

Una vez definidos, los precios de referencia se publicarán mediante los actos públicos correspondientes. Esa publicación marcará el punto de partida para que las instituciones ajusten sus procesos de compra al nuevo parámetro.

Para que la meta de 2027 se cumpla, el Minsa pidió a las instituciones participantes que designen sus enlaces técnicos. También deberán suministrar información oportuna sobre sus necesidades de medicamentos y mantener la coordinación constante entre sus equipos.

El funcionario planteó que el desafío es convertir las mejores condiciones de compra en mayores oportunidades de acceso a medicamentos, sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.

El SINPREM está establecido en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y fue reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. Esa normativa le da sustento jurídico al mecanismo que ahora entra en su etapa de implementación operativa.

La instalación formal del sistema busca, según el Minsa, fortalecer la planificación de las compras públicas de medicamentos. El organismo apunta además a optimizar los recursos del Estado destinados a ese rubro.

El tercer objetivo declarado por la cartera sanitaria es contribuir a que los medicamentos estén disponibles en mejores condiciones para quienes los necesitan.

Esa disponibilidad depende, en gran medida, de que el abastecimiento llegue de forma oportuna a las instalaciones públicas de salud.

Más allá del ahorro económico, el mecanismo persigue otros dos fines concretos. El primero es fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública de fármacos.

El segundo es mejorar las condiciones generales de contratación entre el Estado y los proveedores. Ambos objetivos se suman al propósito central de garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a los centros de salud públicos del país.