Un funcionario, una exfuncionaria y un particular fueron aprehendidos por el presunto peculado de $964,620 en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
La causa se originó en diciembre de 2025, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
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El documento oficial detectó presuntas irregularidades en la compra de un Sistema de Planificación de Continuidad del Negocio (BCP) y Recuperación ante Desastres de Tecnologías de la Información (DRP), destinado a instituciones estatales de misión crítica.
Ese hallazgo de la Contraloría fue el disparador que llevó a la Fiscalía Superior Anticorrupción a abrir la investigación penal que derivó en las tres aprehensiones.
La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional ejecutó las diligencias en conjunto con la Procuraduría General de la Nación.
Los allanamientos se concentraron en los sectores de Villa Lucre y Betania, además de Panamá Oeste.
En esos lugares se produjeron las tres aprehensiones y las autoridades informaron que también ubicaron indicios vinculados a la causa.
Durante los operativos se hallaron documentos que serán evaluados por la Fiscalía como parte del expediente.
Las tres personas aprehendidas quedarán a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes desarrollarán las audiencias correspondientes, en cumplimiento de las garantías procesales que establece la legislación panameña.
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La Procuraduría precisó que el caso se enmarca en el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
La imputación de cargos y la eventual aplicación de medidas cautelares quedarán en manos del juez de garantías que reciba el caso este miércoles.
La investigación continúa abierta. Tanto la Fiscalía Superior Anticorrupción como la DIJ no descartaron nuevas diligencias vinculadas a la adquisición del sistema BCP-DRP, que debía garantizar la continuidad operativa de instituciones consideradas de misión crítica para el Estado panameño.
El caso pone bajo la lupa los controles internos de la AIG en materia de contratación tecnológica. La autoridad gubernamental es la entidad encargada de modernizar los servicios digitales del Estado y había encargado el sistema para proteger información sensible ante eventuales desastres o interrupciones operativas.
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La AIG es la entidad competente para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales.
En otro caso, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus Fiscalías Especializadas en Delitos relacionados con Drogas, señaló que logró la condena de 108 meses de prisión para un hombre imputado por el delito de tráfico internacional de drogas.
El sujeto fue aprehendido con sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En la audiencia, la Fiscalía legalizó la aprehensión de esta persona y dio por presentada la imputación de cargos por el delito antes mencionado. El hombre aceptó la responsabilidad de los hechos, siendo condenado e igualmente se le impuso la multa de $200.00 pagaderos en un año.
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Fuentes judiciales indicaron que este hombre fue aprehendido por el Servicio Nacional Aeronaval el 26 de octubre de 2026, en la terminal aérea de Tocumen, donde se le incautaron dos botellas de vidrio que contenían una sustancia ilícita identificada como éxtasis, la cual se encontraba oculta en un equipaje.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, también logró la condena de 12 años de prisión para un ciudadano por el delito de violación agravada.
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Al hombre se le impuso, como pena accesoria, la prohibición de residir o frecuentar el corregimiento donde reside la víctima, por un período de 12 años, una vez cumplida la sanción principal. Este hecho, según registran las autoridades judiciales, ocurrió el 7 de agosto del 2025.
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