La Comisión Interministerial sobre la mina presentó ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) las recomendaciones que entregó al presidente José Raúl Mulino para avanzar hacia un cierre ordenado de la operación.
El documento no adopta una decisión ni autoriza medidas concretas. El presidente deberá analizar las propuestas y definir las instrucciones que correspondan, además de establecer los mecanismos de consulta para las acciones que finalmente se resuelvan.
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La comisión planteó que el cierre de la mina debe cumplir tres condiciones: una reducción significativa de la huella ambiental, mayores beneficios financieros para Panamá y el cumplimiento de metas verificables antes de avanzar en cada etapa.
La propuesta oficial busca evitar que el Estado panameño asuma el costo del cierre. Los ministros consideran que mantener el lugar sin una solución integral implica riesgos ambientales, por lo que plantearon controles estrictos, transparencia y participación de la ciudadanía en la supervisión del proceso.
El informe reúne estudios técnicos, visitas y diálogo con sectores locales.
Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, explicó que el material presentado contiene estudios y recomendaciones elaboradas por la Comisión Interministerial. También indicó que el texto no representa una determinación definitiva sobre el futuro de la mina.
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Según Moltó, el trabajo incluyó visitas al territorio, encuentros con actores locales y aportes de especialistas.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que la formulación de recomendaciones exige preparación técnica y conversaciones basadas en información. Señaló que la comisión mantendrá la disposición de escuchar propuestas y considerar perspectivas adicionales.
Para Chapman, la discusión sobre el cierre de la mina supone una responsabilidad de gran alcance para el país. La definición que adopte el Ejecutivo deberá contemplar los distintos elementos técnicos, ambientales, financieros y sociales involucrados.
La propuesta ambiental incluye un fondo anual de $100 millones
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que el plan ambiental prevé un cierre ordenado y autofinanciable.
Su planteamiento es que los recursos necesarios para cumplir con ese proceso no salgan de las arcas públicas.
Navarro advirtió que la falta de una solución integral para el lugar puede generar riesgos ambientales. Por ese motivo, propuso establecer mecanismos de fiscalización, medidas de transparencia y veeduría ciudadana durante la ejecución de cualquier decisión.
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El ministro también detalló la creación de un fideicomiso de $100 millones anuales para conservación, reforestación y restauración ecológica en Panamá. Ese fondo sería adicional a los recursos destinados específicamente al cierre de la mina.
La comisión no fijó una fecha definitiva para completar el proceso.
Señalaron que el plazo dependerá de los modelos técnicos y financieros que se determinen, así como del cumplimiento de los hitos previstos.
El CONEP pidió soluciones que favorezcan al país y a las comunidades
El presidente del gremio empresarial, Raúl Montenegro, consideró positiva la visita de los ministros porque permitió intercambiar criterios sobre el papel que puede desempeñar el sector privado en el crecimiento y el futuro del país.
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“Este acercamiento fortalece la escucha activa con todos los sectores que aportan al crecimiento económico”, dijo Montenegro.
Rubén Castillo, miembro del CONEP, sostuvo que la reunión permitió despejar dudas y compartir puntos de vista sobre los aportes que la organización puede realizar en beneficio del Estado.
Castillo expresó su expectativa de que se alcancen soluciones concretas y de que la decisión presidencial contribuya al desarrollo económico y social de Panamá.
Giovanni Fletcher afirmó que considerar las distintas posiciones de la sociedad puede ayudar a encontrar una salida adecuada para el país y para las comunidades vinculadas al área de la mina.
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El representante del CONEP también remarcó la necesidad de contar con un modelo de gestión de recursos que permita aplicar de forma efectiva las medidas que se adopten tras la evaluación presidencial.
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