La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un exfiscalizador de la Contraloría General de la República en Colón, requerido dentro de la operación Litus por su presunta vinculación con un caso de peculado agravado que habría ocasionado un perjuicio de $565.473,43 al Estado panameño.
El exfuncionario será llevado ante un juez de garantías, que deberá determinar su situación jurídica. Su captura se produjo durante una diligencia realizada conjuntamente por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.
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El caso incorpora un elemento particular dentro de las investigaciones por el manejo de fondos públicos en juntas comunales: el aprehendido ejerció como fiscalizador de la Contraloría, institución encargada de vigilar y controlar el uso de los bienes y recursos del Estado. La investigación deberá establecer cuál habría sido específicamente su participación en los hechos.
La aprehensión está relacionada con un presunto peculado cometido en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur, uno de los corregimientos que permanece bajo investigación por el manejo de recursos públicos. El exfiscalizador era requerido como parte de la operación Litus, desarrollada desde abril en Colón.
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Las pesquisas tienen como punto de partida informes de auditoría elaborados por la propia Contraloría General de la República, en los que fueron detectadas presuntas irregularidades administrativas. Entre los hallazgos aparece la insuficiencia de documentación para sustentar gastos realizados con fondos públicos asignados a las juntas comunales investigadas.
Litus comenzó con la aprehensión de cuatro personas vinculadas a Barrio Norte y Barrio Sur, entre ellas extesoreros y exrepresentantes. Posteriormente, las audiencias derivaron en imputaciones por peculado doloso agravado y distintas medidas cautelares, mientras la Fiscalía continuó ampliando las diligencias para establecer responsabilidades individuales.
Entre los investigados figura Alex Lee, exalcalde de Colón y extesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, quien permanece bajo detención provisional. La Fiscalía le atribuye el presunto manejo irregular de alrededor de $1 millón entregado por la Autoridad Nacional de Descentralización para programas de interés social.
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En abril, un juez de garantías imputó a Lee por peculado y ordenó su detención provisional, decisión que posteriormente fue mantenida por el Tribunal Superior de Apelaciones. También fue imputada Marta Macías, exrepresentante de Barrio Sur, dentro de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos en ese corregimiento.
La operación también alcanzó a Javier Lynch, representante de Barrio Norte, y Orlando Salazar, vinculados a otra investigación sobre fondos de descentralización. Los procesos correspondientes a Barrio Norte y Barrio Sur comprenden lesiones patrimoniales que, conjuntamente, superan los $6 millones, según información divulgada por el Ministerio Público.
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Otro expediente relacionado con Barrio Sur llevó en mayo a la aprehensión de una mujer de 34 años, investigada por un presunto peculado que habría ocasionado un perjuicio económico de $458.896. Posteriormente fue identificada como Ana Mae Judith Ceballos Rose y un juez le imputó cargos y ordenó retención domiciliaria con permiso laboral.
Los procesos no corresponden necesariamente a una única lesión patrimonial ni atribuyen las mismas cantidades a todos los investigados. La Fiscalía mantiene diferentes expedientes relacionados con Barrio Sur, por lo que los $565.473,43 vinculados al caso del exfiscalizador deben distinguirse de otros montos investigados dentro de Litus y causas relacionadas.
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Lee también había sido investigado anteriormente por un supuesto peculado de $214.000 correspondiente al período 2009-2014, cuando ejercía como representante de Barrio Sur. Ese expediente está relacionado con fondos destinados a asuntos sociales y presuntos pagos sin respaldo documental, y derivó en su aprehensión en mayo de 2024.

La nueva captura amplía ahora el alcance de las investigaciones hacia quienes desempeñaron funciones de fiscalización, además de autoridades y exautoridades encargadas directamente de administrar los recursos. Precisamente, los informes elaborados por la Contraloría fueron la base utilizada para detectar las presuntas anomalías que posteriormente dieron origen a las investigaciones penales.
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El exfiscalizador permanece bajo la presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal y corresponderá al juez evaluar la legalidad de su aprehensión y las solicitudes que formule la Fiscalía. Su incorporación al expediente añade otra línea de investigación sobre los controles aplicados a los fondos públicos manejados por la Junta Comunal de Barrio Sur.
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