Economistas advierten el servicio de deuda absorbe cerca de $0.30 por cada dólar recaudado por el Gobierno salvadoreño

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió una pregunta que impacta en las finanzas públicas de El Salvador: cuánto margen tiene el Estado para financiar servicios e inversión cuando una parte relevante de sus recursos debe destinarse al pago de deuda.

Durante un análisis sobre las cuentas públicas a través del programa de entrevistas matutino Diálogo 21, Patricio Pineda, Raúl Castellón y el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, coincidieron en que el proyecto presupuestario debe analizarse más allá de su monto total. La atención debe centrarse en los ingresos previstos, el gasto, las necesidades de financiamiento y el peso de los compromisos financieros.

Pineda planteó una relación que resume la presión sobre el presupuesto. Según sus cálculos, los recursos obtenidos mediante préstamos rondaban los $1,400 milloneshasta julio, mientras que el pago presupuestado de deuda alcanzaba cerca de $1,300 millones.

“El Estado salvadoreño presupuesta de cada $100 que tiene en su bolsillo $90 de estos para pagar deuda”, afirmó Pineda. Su cálculo compara los recursos obtenidos mediante financiamiento con el dinero previsto para atender obligaciones financieras.

La relación no significa que el 90% de todos los ingresos públicos se destine a la deuda. El Estado recibe recursos también a través de la recaudación de impuestos, tasas y otros ingresos. Sin embargo, el planteamiento muestra que una proporción elevada de los fondos obtenidos mediante préstamos puede utilizarse para cumplir compromisos ya adquiridos.

El servicio de deuda compite con otras prioridades del Estado

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, explicó que el servicio de deuda debe analizarse junto con la recaudación tributaria. Según indicó, el año pasado los ingresos netos de devoluciones habrían superado los $8,000 millones, mientras que el pago de intereses y amortizaciones habría rondado los $2,500 millones.

“De cada $1 que recauda el Gobierno hay $0.30 que van para servicio de deuda”, señaló Acevedo. El economista sostuvo que se trata de una carga relevante porque esos recursos se utilizan para cumplir vencimientos financieros antes de que puedan asignarse a otras necesidades estatales.

El pago de intereses y capital tiene un carácter obligatorio. Si los ingresos fiscales quedan por debajo de lo previsto o la actividad económica pierde dinamismo, el Gobierno enfrenta menos opciones para sostener el gasto. En ese escenario, puede reducir partidas, reorientar recursos o recurrir a nuevas fuentes de financiamiento.

Acevedo consideró que el indicador más útil para medir la sostenibilidad de la deuda es su relación con el producto interno bruto. Si la economía crece por encima del endeudamiento, el peso de la deuda puede reducirse en términos relativos. Si la deuda aumenta con mayor rapidez que la producción nacional, la presión fiscal se incrementa.

El debate se concentra en el uso de los préstamos

Raúl Castellón puso el foco en el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento. Para el analista, los préstamos pueden tener un efecto favorable si financian infraestructura, proyectos productivos o iniciativas que impulsen la actividad económica.

“No tenemos que asustarnos de la buena deuda”, afirmó Castellón. “Todos los países recurren a una buena deuda cuando esa deuda ayuda a que el Estado desarrolle una obra con la cual toda la economía se desarrolla”.

El economista sostuvo que el reto del presupuesto consiste en alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos, sin depender de manera permanente de recursos prestados. A su juicio, una estrategia de ordenamiento fiscal requiere revisar tanto el nivel de endeudamiento como la eficiencia del gasto público.

La ejecución presupuestaria también entra en la discusión

Los analistas coincidieron en que el debate no debe limitarse al monto total del presupuesto. También debe incluir la capacidad institucional para ejecutar los recursos aprobados, en particular los destinados a inversión pública.

Castellón señaló que el Programa Anual de Inversión Pública contaba con cerca de $2,400 millones presupuestados, aunque la ejecución mencionada durante el programa se ubicaba alrededor de $940 millones. Acevedo añadió que la inversión pública ha mostrado históricamente niveles de ejecución inferiores a los gastos de funcionamiento, como salarios y servicios básicos.

El proyecto presupuestario para 2027 permitirá revisar cuánto se asignará al pago de intereses y amortizaciones, cuáles serán las previsiones de recaudación, qué nivel de financiamiento requerirá el Estado y cuánto dinero se destinará a inversión. Esas variables mostrarán cuánto margen conservará el Gobierno para atender sus prioridades sin elevar la presión de la deuda.