Panamá crea un fondo especial para financiar la seguridad del Canal

El Gobierno de Panamá creó un fondo económico especial para financiar las operaciones del Comando Conjunto encargado de proteger áreas específicas del Canal, incluyendo la compra de equipos, tecnología, mantenimiento e infraestructura. La medida busca garantizar recursos exclusivos y controlados para las labores de vigilancia alrededor de la vía interoceánica.

La Resolución 230 del 31 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial 30611-A, establece que el fondo funcionará como una cuenta especial bajo la titularidad del Ministerio de Seguridad Pública. Su vigencia estará vinculada con el acuerdo suscrito entre esa institución y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El fondo permitirá recibir, custodiar, administrar y registrar el dinero destinado al Comando Conjunto para la Seguridad de las áreas específicas del Canal. Esta estructura fue creada en julio para reunir bajo una misma coordinación las capacidades operativas de los principales estamentos de la Fuerza Pública.

El Comando está integrado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias. Sus operaciones se desarrollarán en siete áreas bajo administración canalera, sin modificar las competencias legales ni la autonomía administrativa de la ACP.

La norma no establece una suma inicial ni fija un límite para los recursos. El financiamiento provendrá de aportaciones, desembolsos y compensaciones económicas efectuadas por la ACP, conforme con la programación incluida en el acuerdo para prestar servicios especializados de vigilancia, seguridad y protección de instalaciones vinculadas con el Canal.

El dinero será depositado en una cuenta oficial custodiada por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque los recursos serán aportados por la ACP, la cuenta permanecerá a nombre del Ministerio de Seguridad y estará destinada a las operaciones ejecutadas por el Comando Conjunto.

La Dirección Nacional de Finanzas del Senan administrará el fondo bajo la supervisión directa del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dependencia deberá realizar los pagos, registrar cada operación, conservar los documentos que sustenten los desembolsos y preparar los informes requeridos para auditorías y rendiciones de cuentas.

Antes de efectuar un gasto, la ACP deberá aprobar formalmente un informe previo que justifique la utilización del dinero, documento que también tendrá que ser validado por el Ministerio de Seguridad. Cada desembolso deberá relacionarse directamente con los servicios prestados y contar con comprobantes sobre los bienes o trabajos recibidos.

El fondo tendrá carácter extraordinario, específico y de uso exclusivo para las operaciones e inversiones del Comando Conjunto. Su administración estará sometida a las normas de contabilidad gubernamental, al control interno del Ministerio de Seguridad y a la fiscalización previa y posterior de la Contraloría General.

Los recursos podrán financiar operaciones tácticas y estratégicas, logística, mantenimiento, tecnología y gastos administrativos. Entre los usos autorizados aparecen el cuidado de vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves, junto con sistemas informáticos, redes de radiocomunicación, centrales de monitoreo y plataformas para controlar el acceso a instalaciones sensibles.

La resolución permite adquirir programas de análisis de video, geolocalización, bases de datos y ciberseguridad. También incluye seguros para los activos y pólizas de vida o accidentes destinadas al personal que participe en misiones de alto riesgo, además de conectividad satelital y servicios necesarios para los centros de mando.

Los gastos autorizados abarcan combustibles, lubricantes, alimentos, suministros médicos, botiquines, repuestos y equipos de protección individual. La lista incorpora raciones para agentes desplegados en lugares remotos y alimento para perros, así como componentes electrónicos, materiales de construcción, herramientas de prueba y tarjetas magnéticas de identificación.

El fondo también podrá utilizarse para comprar ambulancias, grúas, vehículos 4x4, patrulleras marítimas y lanchas de intervención. La norma contempla cámaras de alta definición, sensores térmicos, radares, lectores de placas, escáneres de rayos X y sistemas biométricos para verificar identidades.

Las adquisiciones podrán incluir radios criptográficos, repetidores, antenas, plantas eléctricas, paneles solares y drones. Estos últimos podrán ser aéreos, terrestres, marítimos o subacuáticos, con el propósito de ampliar la vigilancia en instalaciones, riberas, cuerpos de agua y otros puntos estratégicos relacionados con el Canal.

Los recursos igualmente financiarán cerramientos perimetrales, garitas, puestos de observación y barreras físicas. Se podrán construir o acondicionar salas de crisis, dormitorios, armerías y otras instalaciones operativas, además de reparar muelles, helipuertos, subestaciones eléctricas de respaldo y zonas destinadas al resguardo de equipos.

Cualquier gasto no contemplado expresamente necesitará autorización previa y escrita del ministro de Seguridad, junto con una justificación técnica y legal de su necesidad. Las compras, consultorías y construcciones deberán tramitarse conforme con la Ley de Contrataciones Públicas y pagarse directamente desde la cuenta especial.

La ejecución del dinero deberá respetar los principios de legalidad, eficiencia, economía, oportunidad, transparencia y trazabilidad contable. El Senan elaborará informes financieros periódicos, mientras el Ministerio de Seguridad preparará los avances físicos y económicos que serán presentados ante la ACP y las entidades responsables de la fiscalización.

La resolución declara reservados y confidenciales los planes operativos, documentos y registros contables vinculados con el fondo, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y la infraestructura crítica. Sin embargo, los recursos permanecerán sujetos a auditorías, rendición de cuentas y los controles establecidos para el manejo de fondos públicos.