OIM incluye a Panamá entre los países vigilados por riesgos climáticos y migratorios

Panamá fue incluido entre los países bajo seguimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante los riesgos de desplazamiento asociados con El Niño de 2026-2027.

El organismo solicitó $110 millones para proteger a 4.9 millones de personas en varias regiones, mientras los pronósticos advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta febrero de 2027 y provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

El informe coloca a Panamá dentro del grupo de vigilancia de la OIM junto con Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, no lo clasifica entre los países de alta prioridad, categoría asignada en la región a El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

Esta diferencia significa que el país debe mantener preparación y seguimiento, pero no que enfrente actualmente el mismo nivel de vulnerabilidad humanitaria.

Para América Latina y el Caribe, la organización solicita $22 millones destinados a proteger aproximadamente a un millón de personas y fortalecer el trabajo de 145 socios. El documento no especifica cuánto dinero correspondería individualmente a Panamá.

Los fondos se distribuirán conforme evolucionen los pronósticos, las necesidades operativas y los riesgos de movilidad identificados en cada territorio durante los próximos meses.

El Niño se produce por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad cercana al 100% de que continúe hasta febrero próximo, mientras el calentamiento global puede intensificar sus efectos al desarrollarse sobre temperaturas más altas que las registradas durante ciclos anteriores.

En Panamá, este fenómeno suele estar relacionado con una disminución de las precipitaciones y temperaturas más elevadas, aunque sus efectos no son uniformes ni eliminan la posibilidad de lluvias intensas.

Una temporada irregular puede combinar períodos secos prolongados con episodios capaces de ocasionar inundaciones, deslizamientos o daños locales. Por eso, la vigilancia debe cubrir tanto la escasez como los eventos extremos.

El Consejo de Gabinete declaró el 25 de agosto un estado de emergencia nacional por el comportamiento climático asociado con El Niño. La decisión permite adoptar acciones preventivas, reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones y movilizar recursos con mayor rapidez.

El objetivo es proteger a la población, las viviendas y las actividades productivas antes de que las condiciones alcancen niveles críticos.

Uno de los principales riesgos para Panamá está relacionado con la disponibilidad de agua. Una reducción prolongada de las lluvias puede afectar los ríos, la agricultura, la generación eléctrica y el suministro para consumo humano.

También representa una amenaza para los embalses utilizados por el Canal de Panamá, cuya operación depende de agua dulce para el tránsito de buques y el abastecimiento de comunidades cercanas.

La Autoridad del Canal comenzó desde finales de 2025 a aplicar medidas de ahorro y mantuvo el lago Gatún en niveles altos como preparación.

El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando el déficit de lluvias en la cuenca se aproximó al 30% y obligó a reducir los tránsitos diarios. Aquella crisis mostró que la sequía puede afectar los ingresos, el comercio y la economía nacional.

La OIM advierte que los impactos climáticos también pueden provocar movilidad humana. Las familias pueden verse obligadas a abandonar temporal o permanentemente sus comunidades cuando pierden cultivos, ingresos, viviendas o acceso al agua.

En Panamá, el seguimiento abarcará corredores migratorios, áreas fronterizas y centros urbanos que podrían recibir mayor presión si aumentan los desplazamientos internos o los movimientos desde otros países.

La región ya mantiene rutas migratorias activas y movimientos fronterizos dinámicos. Una sequía severa en el Corredor Seco Centroamericano o inundaciones en zonas vulnerables pueden incrementar la salida de personas hacia otras comunidades o países.

Panamá podría enfrentar efectos indirectos por su posición geográfica, especialmente si los desastres agravan la inseguridad alimentaria y destruyen medios de subsistencia en territorios vecinos.

Del llamamiento mundial, alrededor de 23% será utilizado en información sobre movilidad y análisis de riesgos, mientras 46% financiará preparación y acciones anticipatorias.

El 31% restante respaldará respuestas tempranas y operaciones inmediatas. La OIM busca combinar pronósticos climáticos con información sobre desplazamientos para identificar las zonas donde una emergencia puede generar mayores consecuencias.

Las medidas previstas incluyen fortalecer alertas tempranas, capacitar autoridades, preparar planes de contingencia y colocar suministros cerca de áreas vulnerables. También se contempla asistencia relacionada con alojamiento, agua, saneamiento, higiene, salud y protección.

El propósito es evitar que una comunidad quede aislada o sin ayuda cuando las condiciones meteorológicas dificulten el acceso y obliguen a evacuar familias.

Para Panamá, la preparación requiere revisar reservas de agua, sistemas de distribución, albergues, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación.

Las autoridades también deberán coordinar acciones con productores, municipios, centros de salud y comunidades para anticipar pérdidas agrícolas, enfermedades vinculadas al calor y posibles inundaciones. La respuesta será más efectiva si las advertencias llegan con claridad y suficiente anticipación.

La OIM sostiene que actuar antes de una crisis reduce las pérdidas y el costo de la respuesta humanitaria. La advertencia no significa que todos los escenarios vayan a ocurrir, porque los efectos de El Niño pueden variar entre regiones y períodos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esperar hasta la emergencia deja menos opciones para proteger a las personas y evitar desplazamientos prevenibles.