Tribunal panameño mantiene detenido al exdirector del Ifarhu por el escándalo de los auxilios económicos

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención provisional de Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El exfuncionario es investigado por la presunta comisión de peculado agravado y corrupción de servidores públicos, debido a irregularidades atribuidas al otorgamiento y seguimiento de auxilios económicos entre 2021 y 2023.

Los magistrados rechazaron sustituir la detención por una medida menos severa al considerar que no fueron presentados nuevos elementos capaces de modificar las circunstancias que motivaron su encarcelamiento.

El tribunal coincidió con la Fiscalía Anticorrupción en que la investigación es compleja y la vinculación atribuida al exdirector no ha disminuido durante el avance de las diligencias.

La Fiscalía sostiene que Meneses tenía, como director general del Ifarhu, responsabilidad directa sobre la administración de los fondos públicos, aunque hubiese delegado determinadas tareas en otros departamentos.

Para el Ministerio Público, esa delegación no eliminaba su deber de supervisar la aprobación, ejecución y cumplimiento de los contratos financiados mediante el programa de auxilios económicos.

La investigación se concentra en más de $51 millones entregados a beneficiarios que presuntamente incumplieron las obligaciones establecidas en sus contratos.

Según la tesis fiscal, Meneses permitió que esas personas conservaran los recursos porque no ordenó cancelar los beneficios ni gestionó los reembolsos, lo que habría ocasionado una lesión económica al Estado panameño.

Los fiscales también le atribuyen haber permitido la aprobación de ayudas para personas que no demostraban necesidad económica ni méritos académicos suficientes. Además, investigan transferencias por más de $19,000 recibidas presuntamente de beneficiarios en una cuenta personal del exfuncionario.

Estas operaciones forman parte de la acusación por posible corrupción de servidores públicos, pero todavía deberán ser demostradas durante el proceso penal.

Meneses permanece detenido por este expediente desde enero de 2026. Sin embargo, ya estaba privado de libertad desde julio de 2025 por otra investigación relacionada con enriquecimiento injustificado.

Una auditoría patrimonial identificó un presunto incremento no justificado superior a $419,000 durante el período en que desempeñó funciones públicas, hallazgo que dio origen a una causa judicial distinta.

El exdirector mantiene varias investigaciones abiertas por supuestos delitos contra la administración pública. Entre ellas figuran expedientes por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, algunos de los cuales involucran a otras personas.

La defensa ha solicitado la acumulación de varias causas en un solo proceso, petición que deberá ser examinada en una audiencia prevista para octubre.

El programa de auxilios económicos se convirtió en una de las mayores controversias de la administración gubernamental anterior. Entre 2019 y 2024, el Ifarhu distribuyó aproximadamente $260.5 millones entre 9,237 beneficiarios para financiar estudios dentro y fuera del país.

El cuestionamiento no surgió únicamente por el volumen entregado, sino por la discrecionalidad aplicada para seleccionar a quienes recibieron las ayudas.

Las críticas aumentaron cuando se conocieron beneficios otorgados a familiares de políticos, empresarios, personas influyentes y ciudadanos con capacidad económica para pagar sus estudios.

Paralelamente, estudiantes de familias con recursos limitados esperaban oportunidades dentro de los programas regulares. Además, una parte de las identidades permaneció oculta, lo que alimentó los reclamos por falta de transparencia y controles efectivos.

Aunque los auxilios fueron creados para ampliar las oportunidades educativas, su condición de fondos no reembolsables y la ausencia de concursos públicos claramente definidos abrieron espacio para decisiones cuestionadas.

Las investigaciones posteriores también identificaron deficiencias en el seguimiento académico, el registro de incumplimientos y la recuperación del dinero cuando los beneficiarios abandonaban sus estudios o violaban los contratos.

Antes de enfrentar estas causas, Meneses buscó trasladar su influencia política a la Asamblea Nacional. En las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de 2023, obtuvo 14,772 votos y ganó ampliamente la postulación para diputado por el circuito 13-1 de Arraiján.

Posteriormente participó en las elecciones generales de mayo de 2024, pero no consiguió los votos necesarios para obtener una curul.

Durante la campaña, Meneses renunció al fuero penal electoral después de que varias fiscalías anticorrupción solicitaran levantar esa protección para investigarlo. Su candidatura quedó marcada por los cuestionamientos relacionados con el Ifarhu, aunque su responsabilidad penal no había sido determinada.

La pérdida electoral lo dejó fuera del Legislativo y permitió que los procesos continuaran ante la justicia ordinaria.

La confirmación de la detención no representa una condena ni determina anticipadamente su culpabilidad. La medida busca asegurar su comparecencia y proteger el desarrollo de una investigación considerada compleja por las autoridades.

Meneses conserva el derecho a la presunción de inocencia y a controvertir las pruebas, mientras la Fiscalía deberá demostrar si las decisiones adoptadas durante su administración constituyeron delitos y provocaron el perjuicio económico señalado.