El Gobierno de Cuba elimina intermediarios estatales en la contratación de personal para empresas extranjeras y les permite operar cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa del Banco Central. Las decisiones entraron en vigor el 3 de septiembre mediante el Decreto-Ley 128, publicado en la Gaceta Oficial.
La norma permite que las sociedades mixtas y las compañías con capital totalmente extranjero incorporen trabajadores de forma directa. También habilita el pago de bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera, según informó EFE, agencia española.
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Las reformas apuntan a reducir controles que hasta ahora condicionaban la actividad de inversores extranjeros y del sector privado cubano. El cambio incluye la apertura de agencias de viajes privadas, nuevas facilidades para el comercio exterior y estímulos tributarios destinados a proyectos de ecoturismo.
Las empresas extranjeras podrán contratar sin agencias estatales
El cambio laboral termina con la obligación de recurrir a agencias empleadoras estatales para incorporar personal cubano. Ese mecanismo había concentrado en el Estado la intermediación entre las compañías internacionales y sus trabajadores locales.
A partir de la nueva regulación, las empresas mixtas y las de capital extranjero podrán establecer una relación directa con sus empleados. La disposición también contempla incentivos salariales en divisas.
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La flexibilización forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio. Las autoridades presentaron esas medidas como un intento de descentralizar la economía y captar inversiones en medio de la crisis que afecta al país.
Durante una conferencia de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, sostuvo ante EFE que las nuevas disposiciones “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”. El funcionario evitó anticipar resultados y señaló que la situación externa condicionará su alcance.
Pérez-Oliva afirmó que las decisiones “van en el camino correcto” y citó tres vías para impulsar la recuperación: las asociaciones entre empresarios privados y capital extranjero, el comercio exterior directo de las empresas privadas y las alianzas entre entidades públicas y particulares.
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Las cuentas en el exterior requerirán aviso y auditoría
El Decreto-Ley 128 elimina el permiso previo del Banco Central de Cuba para que las empresas abran y administren cuentas bancarias en el exterior. Las compañías deberán informar la apertura dentro de los siete días posteriores y someter sus movimientos a auditorías.
El nuevo esquema también prevé una digitalización de los procedimientos de importación y exportación. La intención declarada es acortar trámites y facilitar las operaciones de las empresas que participan en negocios internacionales.
El Ministerio de Economía y Planificación ya había informado en agosto sobre otras modificaciones al reglamento de inversión extranjera. Entre ellas figuraban la reducción de plazos administrativos, la simplificación de la documentación exigida y cambios en la gestión de empresas mixtas.
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La apertura de cuentas fuera del país llega en un momento en que la falta de divisas, combustible e insumos limita la producción y los servicios.
Las sanciones estadounidenses y las restricciones sobre suministros energéticos han agravado la presión sobre la economía cubana, aunque analistas también atribuyen la crisis a problemas estructurales internos.
El viceprimer ministro aludió a las “presiones sobre transportistas internacionales” y sostuvo que ese escenario encarece los costos de producción y de los servicios públicos.
Sus declaraciones se produjeron tras meses de medidas de Washington contra sectores estatales cubanos y contra el suministro de petróleo a la isla.
El sector privado podrá abrir agencias de viajes
Las nuevas disposiciones alcanzan al turismo, una actividad que el Gobierno identifica como fuente de ingresos externos. El sector privado podrá crear agencias de viajes de distintas escalas, desde microempresas hasta firmas de mayor tamaño.
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La norma también establece incentivos para inversiones vinculadas al ecoturismo en áreas priorizadas para la conservación y en entornos patrimoniales. Los proyectos de ese tipo tendrán una tasa impositiva de 25% sobre los beneficios.
Además, quedarán exentos de aranceles aduaneros los equipos importados para esas inversiones. Las utilidades reinvertidas en la propia actividad no pagarán impuestos, según la información difundida por EFE.
El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, dijo a la agencia que destinos como Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata impulsan este tipo de propuestas desde hace años. A su juicio, las condiciones actuales del sector permiten ampliar esa posibilidad.
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La expansión del turismo privado se anuncia mientras la actividad enfrenta dificultades por la escasez de combustible y la reducción de operaciones. Reuters, agencia británica, informó en julio que funcionarios cubanos señalaron que cerca de tres cuartas partes de los hoteles del país estaban cerrados, en parte por las limitaciones energéticas y la salida de grupos hoteleros internacionales.
Otras normas amplían el espacio para las empresas privadas
La entrada en vigor del Decreto-Ley 128 se sumó a otras decisiones de los últimos días. El Decreto-Ley 130 flexibilizó y actualizó el régimen de tierras y propiedad.
El Decreto-Ley 133, vigente desde el 2 de septiembre, autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. También habilitó la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.
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La semana anterior, las autoridades habían aprobado la posibilidad de establecer cadenas comerciales. El conjunto de normas amplía el margen operativo del sector privado, aunque el Estado mantiene el control de áreas que considera estratégicas.
Miguel Díaz-Canel había señalado en julio que las reformas no implicarían una privatización masiva de activos nacionales. El dictador excluyó de esa posibilidad a sectores como la salud, la ciencia, la cultura y servicios estratégicos.
La aplicación de las medidas ocurre después de seis años de deterioro económico. La falta de combustible, los apagones, la contracción de la actividad turística y la escasez de bienes básicos forman parte del escenario que el Gobierno busca aliviar con la apertura a nuevos actores privados y capitales externos.
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