Quejas de los compradores de viviendas lideran las estadísticas de la entidad de protección al consumidor en Panamá

Las quejas inmobiliarias ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alcanzan 247 casos en lo que va del año, con una cuantía total de $10.611.974,26.

La devolución de dinero fue el principal motivo de reclamo presentado por los consumidores.

Acodeco informó que los conflictos se concentraron en pagos entregados, garantías y problemas no advertidos en las viviendas adquiridas. Los tres motivos reunieron cerca de ocho de cada 10 expedientes del sector.

Los consumidores presentaron 135 quejas para recuperar sumas entregadas a empresas inmobiliarias. Esa causa representó el 54,7% del total y acumuló una cuantía de $2.846.907,33.

Por incumplimiento de garantía las reclamaciones ocuparon el segundo lugar, con 33 casos y $2.106.092,97 involucrados. Los vicios ocultos dieron lugar a 29 expedientes por $1.529.072,73.

Las cifras muestran que los principales desacuerdos entre compradores y agentes económicos inmobiliarios se relacionaron con la restitución de pagos, el respeto de las garantías ofrecidas y defectos que no fueron advertidos antes de la adquisición de una vivienda.

El incumplimiento de contrato fue motivo de 16 quejas, por una cuantía de $1.328.428,37. La falta de información sumó 15 casos que representaron $1.166.048,35.

Mientras, las cláusulas abusivas originaron otros 13 reclamos, por $1.462.237,19. Estos expedientes se incorporaron al registro del sector inmobiliario durante los primeros siete meses del año.

Acodeco señaló que una parte de los conflictos se vincula con las condiciones bajo las cuales los consumidores contrataron o adquirieron los bienes. Los datos incluyen diferencias sobre obligaciones asumidas por las empresas y sobre la información suministrada durante la relación comercial.

Los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio registraron 158 resultados favorables paraconsumidores en asuntos relacionados con inmobiliarias. El monto total asociado a esos desenlaces llegó a $7.709.975,14.

Mayor parte de los resultados correspondió a 82 acuerdos, por $4.723.885,74. Otros 66 procesos concluyeron por desistimiento, con una cuantía de $2.572.126,37.

La Defensoría de Oficio atendió seis fallos a favor del consumidor por $406.449,05. Además, se contabilizaron cuatro resoluciones por $7.513,98.

Acodeco precisó que los resultados cerrados entre enero y julio no corresponden únicamente a quejas presentadas en 2026. El registro también incorpora expedientes que ingresaron en años anteriores y finalizaron durante este período.

Se informó que su Juzgado Ejecutor recuperó $222.506,96 mediante procesos de cobro coactivo realizados en todo el país. La gestión abarcó 496 expedientes, entre obligaciones canceladas y arreglos de pago.

La vía coactiva se aplica después de que concluye la etapa administrativa y quedan firmes las resoluciones correspondientes. El mecanismo busca cobrar multas que los agentes económicos no pagaron de forma voluntaria.

El detalle indica que la autoridad puede gestionar pagos completos, acuerdos de pago y medidas cautelares cuando el proceso lo requiere. Entre esas medidas figura el embargo de bienes o fondos, luego de cumplir las etapas previstas y recibir las respuestas a los oficios de secuestro enviados a las entidades involucradas.

El artículo 107 de la Ley 45 de 2007 establece que un agente económico dispone de 10 días hábiles para pagar una sanción después de que la resolución administrativa queda ejecutoriada. Si no cancela la obligación dentro de ese plazo, la decisión adquiere mérito ejecutivo.

Esa condición permite a la Acodeco iniciar el cobro coactivo a través de su Juzgado Ejecutor. La institución cuenta con jurisdicción coactiva para procurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.

Los recursos obtenidos a través de esos procedimientos pueden tener destinos distintos. La asignación depende de la naturaleza de cada sanción y de las disposiciones previstas en la legislación vigente.