Por 10 años la Autoridad Marítima de Panamá restringe acceso a información de expedientes administrativos

La Autoridad Marítima de Panamá ha resuelto que toda la información y documentación relacionada con los expedientes administrativos gestionados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares tendrá acceso restringido por 10 años.

Esta decisión abarca tres procedimientos: concesiones de áreas, licencias operativas para servicios auxiliares marítimos e investigaciones sobre infracciones administrativas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá, y a través de su cuenta de X pidió a la entidad reconsiderar la restricción.

“Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario.

La resolución de la Autoridad Marítima de Panamá indica que la restricción se mantendrá hasta 2036, salvo que desaparezcan los motivos que llevaron a establecerla.

Este acto administrativo lleva las firmas de Virna C. Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, y Luis A. Roquebert, administrador de la entidad.

De acuerdo con medios locales, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá ya había aprobado esta medida el 5 de marzo de 2026, poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que había permitido la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Ante la anulación de la prórroga automática, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos temporales de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá (filial de Maersk) y TIL Panamá (brazo portuario de MSC) para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se prepara una licitación pública, señala el diario La Prensa.

Estos contratos, aduce, finalizan el 23 de julio de 2027 y el gobierno anunció que la adjudicación formal de nuevas concesiones, con plazos de entre 25 y 30 años, se realizará antes de mediados de 2027.

En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano u organización que solicite información sobre concesiones, licencias o investigaciones en el ámbito portuario recibirá una negativa hasta el 2036, respaldada por la resolución vigente, sin importar el propósito de la petición, menciona el diario.

En marzo de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá también solicitó un presupuesto de $1,27 millones para contratar a la firma Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA) para analizar alternativas de prórroga y asesorar sobre la futura concesión portuaria.

Por otro lado, APM Terminals cuenta con representación legal de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, fundada por Aníbal Galindo, quien tiene vínculos de asesoría con el presidente Mulino.

La resolución cita un fallo de la Corte Suprema del 28 de agosto de 2025, donde se establece que la información restringida debe contar con una declaración previa y específica del funcionario custodio antes de cualquier petición, para que la negativa de acceso sea válida.

Solo las partes acreditadas en el procedimiento o las autoridades competentes pueden acceder a los expedientes, y la divulgación indebida puede derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.

La Ley de Transparencia, utilizada como fundamento de la medida, exige que las instituciones públicas proporcionen información sobre su funcionamiento y actividades, salvo que se trate de datos confidenciales o restringidos.

Cualquier persona tiene derecho a solicitar estos documentos y, en caso de negativa, recurrir a los tribunales mediante una acción de habeas data.

El artículo 10 de la citada ley establece la obligación de transparencia en los actos públicos relacionados con contrataciones públicas, por lo que la restricción sobre los procesos para nuevos concesionarios portuarios, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, podría entrar en contradicción con la normativa.