Operativos contra la minería ilegal dejan 29 colombianos capturados en Panamá durante agosto

Al menos 29 ciudadanos colombianos y dos panameños fueron aprehendidos durante agosto en tres operativos contra la minería ilegal ejecutados por el Servicio Nacional de Fronteras en Darién.

Las intervenciones permitieron localizar campamentos clandestinos, presunto oro, dragas, motobombas, municiones, pólvora y otros implementos utilizados para sostener las actividades extractivas.

Las acciones fueron desarrolladas por unidades de la 1.ª Brigada Oriental mediante el Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero. Los procedimientos se concentraron en sectores selváticos y de difícil acceso de la provincia, donde las condiciones geográficas pueden facilitar la instalación de estructuras alejadas de los principales centros poblados.

El caso más reciente ocurrió en el sector de Cañas Blancas, en Tuqueza, donde integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos presuntamente utilizados para la extracción ilegal. En el lugar fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres.

Durante la inspección, los agentes incautaron varios gramos de material identificado preliminarmente como oro. La cantidad exacta no fue revelada y deberá ser sometida a análisis para confirmar su composición y determinar su procedencia, antes de ser incorporada como evidencia dentro del proceso seguido contra los tres investigados.

En uno de los campamentos también fueron encontradas municiones de distintos calibres, pólvora y una motobomba, además de otros implementos logísticos. Senafront no informó si había armas de fuego en el sitio ni precisó para qué era utilizada la pólvora encontrada durante el recorrido de las unidades fronterizas.

Los materiales podrían ayudar a establecer cuánto tiempo llevaban funcionando los campamentos y qué capacidad operativa tenían. Las autoridades también deberán determinar si otras personas participaban en la actividad, suministraban equipos o recibían el mineral extraído antes de su posible traslado y posterior comercialización.

En una intervención anterior, unidades de la 1.ª Brigada Oriental aprehendieron a cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Los extranjeros fueron señalados preliminarmente por su posible vinculación con actividades de minería ilegal y remitidos, junto con los indicios, a las autoridades competentes.

En este segundo procedimiento fueron recuperados diversos gramos de presunto oro y una pesa digital. Ese objeto podría resultar relevante para establecer si el material era pesado o dividido en el lugar, aunque corresponderá al Ministerio Público demostrar su utilización y la relación que mantenía con cada uno de los detenidos.

Senafront no detalló si en Caña Blanca fueron encontradas dragas, excavadoras u otros equipos de extracción. Tampoco informó la extensión del área presuntamente intervenida, el tiempo que habría permanecido activa ni el volumen de material removido por las personas ubicadas durante la operación fronteriza.

El primer gran despliegue del mes se produjo el 18 de agosto en la cabecera del río Pito, en el norte de Darién. En esa zona fueron aprehendidos 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con minería ilegal, la mayor cantidad registrada dentro de los tres procedimientos reportados.

Los agentes encontraron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos empleados para remover sedimentos y buscar minerales. La presencia de 21 personas y maquinaria especializada evidencia una estructura con capacidad logística, aunque las investigaciones deberán individualizar la participación y responsabilidad de cada uno de los aprehendidos.

Las dragas permiten extraer y procesar sedimentos del fondo de ríos u otros cuerpos de agua, mientras las motobombas facilitan el movimiento del recurso. Su utilización sin controles puede modificar los cauces y aumentar la sedimentación, afectando la estabilidad de las riberas y la calidad del ecosistema acuático.

La minería ilegal puede provocar pérdida de vegetación, erosión y alteraciones en zonas utilizadas por especies silvestres. Sus efectos alcanzan a las comunidades que dependen de los ríos para abastecerse, pescar, transportarse o realizar actividades productivas, incluso después de que los campamentos sean abandonados.

En Panamá, la extracción ilegal puede ser procesada mediante el artículo 399 del Código Penal, que establece de tres a seis años de prisión para quien destruya, extraiga, contamine o degrade recursos naturales. La sanción puede aumentar cuando la conducta afecta áreas protegidas, humedales, ecosistemas costeros o cuencas hidrográficas.

Senafront aseguró que mantendrá patrullajes constantes para impedir la reapertura de los puntos intervenidos y proteger los recursos naturales. El reto incluye vigilar rutas de abastecimiento y traslado de maquinaria, debido a que la extracción clandestina necesita combustible, alimentos, equipos y mecanismos para movilizar el mineral obtenido.

La extensión de Darién, su cobertura selvática y la red de ríos dificultan una presencia institucional permanente. Estas características pueden ser aprovechadas para ocultar campamentos y trasladar suministros, por lo que las operaciones requieren recorridos prolongados, unidades especializadas y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales.

Investigaciones señalan que las operaciones de minería ilegal en la frontera de Darién son financiadas por el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que utiliza la extracción y comercialización de oro como fuente de ingresos para sostener sus actividades ilícitas.

El grupo proporciona recursos para maquinaria, combustible, alimentos y logística, mientras otras personas realizan la extracción en campamentos instalados en zonas selváticas y cercanas a ríos. El mineral obtenido puede ser trasladado y vendido mediante intermediarios, dificultando la identificación de su origen ilegal.