Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario

Todos los imputados de la Operación Pandora que buscaban salir de prisión continuarán bajo detención provisional, después de que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara las medidas cautelares contra cinco investigados y ordenara encarcelar a un sexto que permanecía bajo arresto domiciliario.

Otros ocho procesados habían desistido de sus apelaciones, por lo que también conservarán las medidas que les fueron impuestas originalmente.

La única excepción corresponde a una imputada que permanecerá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias, debido a una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.

Aunque el tribunal mantuvo esa medida, consideró que existe una fuerte vinculación con los hechos investigados y ordenó que utilice brazalete electrónico mientras continúa el proceso.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, integrado por los magistrados Frank Torres, Greta Marchosky y Carlos Barragán, que respaldó los argumentos presentados por la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.

El Ministerio Público había solicitado mantener las detenciones ante los riesgos procesales todavía existentes.

Entre esos riesgos, la Fiscalía señaló la posibilidad de afectar elementos de prueba mientras permanecen pendientes varias diligencias.

Los investigadores todavía deben recibir entrevistas e incorporar al expediente información bancaria y documentación relacionada con personas jurídicas que aparecen vinculadas con las operaciones bajo investigación.

El tribunal también tomó en consideración la dimensión de la afectación al Estado panameño y el supuesto uso irregular del sistema tributario de la Dirección General de Ingresos (DGI). La Operación Pandora investiga una estructura que presuntamente manipuló la plataforma E-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, causando un perjuicio superior a 40 millones de dólares.

Los cinco procesados que mantuvieron hasta el final sus recursos fueron las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios.

Este último es señalado por la Fiscalía de haber recibido más de medio millón de dólares de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, sociedad considerada una de las intermediarias del supuesto esquema.

Durante la audiencia, Sáez y Chong negaron haber tenido conocimiento de una organización criminal dentro de la administración tributaria.

Ambas sostuvieron que los trámites relacionados con los créditos fiscales llegaban previamente autorizados y aseguraron que su participación se limitaba a completar procedimientos administrativos, sin intervenir en la aprobación de los expedientes cuestionados.

Antes de conocerse la decisión sobre esas apelaciones, ocho de los imputados optaron por retirar los recursos que habían presentado contra sus medidas cautelares.

Se trata de Jercovick Joyner, Carlos Ferguson, Héctor Luna, Cira Marín, Dayra López, Katherine Aguirre, Elodia De León y Angeli Rodríguez. El tribunal aceptó los desistimientos y dejó vigentes las decisiones adoptadas previamente.

El expediente mantiene actualmente 21 personas imputadas por la presunta comisión de distintos delitos, entre ellos blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad de documentos y corrupción de servidores públicos.

Sin embargo, la dimensión de Pandora podría ser considerablemente mayor, debido a que la Fiscalía ha señalado que las pesquisas podrían alcanzar eventualmente a unas 50 personas.

La investigación comenzó después de que una auditoría interna de la DGI detectara inconsistencias entre los registros tributarios y los pagos reflejados en E-Tax 2.0.

El análisis encontró operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones realizadas años atrás y modificaciones de créditos fiscales y de los beneficiarios de pagos tributarios, hallazgos posteriormente remitidos al Ministerio Público.

Las pesquisas desembocaron recientemente en más de 20 allanamientos simultáneos realizados en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, durante los cuales fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Los investigadores intentan determinar cómo funcionaba la estructura, quiénes autorizaban las operaciones y cuál fue el destino final del dinero generado mediante los créditos fiscales cuestionados.

Según la tesis de la Fiscalía, parte de los fondos habría sido distribuida en efectivo para dificultar el seguimiento del dinero y evitar dejar rastros de las operaciones. Por esa razón, entre las diligencias pendientes se encuentra el análisis de información bancaria, sociedades y movimientos financieros que podrían permitir identificar a nuevos participantes y establecer si el perjuicio supera los 40 millones de dólares calculados inicialmente.

Con la decisión del Tribunal de Apelaciones, las principales medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público permanecen vigentes mientras continúa una investigación que todavía está en expansión. Pandora se ha convertido en uno de los mayores expedientes recientes sobre presunta corrupción tributaria en Panamá, tanto por la cantidad de personas investigadas como por el volumen de recursos públicos presuntamente desviados.