Panamá eleva a 30 los ciudadanos identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania

Las autoridades panameñas ampliaron el alcance de las investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, revelara que el Ministerio Público ha identificado hasta el momento a 30 panameños que habrían sido enlistados para ambos bandos del conflicto.

La cifra representa un aumento con respecto a los reportes divulgados días atrás y mantiene abiertas varias líneas de investigación por posibles delitos de trata de personas y reclutamiento.

De acuerdo con el procurador, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la información actualizada indica que 21 panameños fueron potencialmente reclutados para integrarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve habrían viajado o intentado incorporarse al bando de Ucrania.

“Nos notificaron de veintiún personas que potencialmente fueron enlistadas para pertenecer a Rusia y nueve con respecto a Ucrania”, explicó Gómez al ofrecer un balance de las investigaciones.

El jefe del Ministerio Público informó además que actualmente existen seis investigaciones en curso bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, un incremento frente a los cuatro expedientes que se conocían hasta hace pocos días.

Asimismo, confirmó que una persona permanece detenida provisionalmente como parte de las pesquisas, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red de captación.

La persona bajo detención es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, quien fue imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía sostiene que habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia mediante supuestas ofertas de empleo que, según la investigación, ocultaban un esquema de reclutamiento para incorporarlos posteriormente al conflicto armado.

Durante la audiencia de garantías, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que al menos dos ciudadanos panameños fueron contactados mediante promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de bonos que oscilarían entre 20,000 y 70,000 dólares.

Según el Ministerio Público, esas ofertas buscaban atraer principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica para convencerlas de aceptar el viaje.

Las investigaciones también establecieron que entre las víctimas figuraban un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida. Para la Fiscalía, esos perfiles evidencian que los presuntos reclutadores seleccionaban personas con necesidades económicas, aprovechándose de su situación para ofrecerles una aparente oportunidad laboral en el extranjero.

Las autoridades sostienen que Brooks habría transportado a dos de esas personas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al momento de su captura, los investigadores aseguran que el imputado mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar Panamá.

Durante la audiencia, el imputado rechazó las acusaciones y afirmó que únicamente prestó un servicio de transporte. También sostuvo que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia y aseguró desconocer cómo funcionaba el supuesto mecanismo de captación.

Sin embargo, la jueza de garantías Eyvis Jaén consideró que existían suficientes elementos para ordenar la detención provisional, decisión que apelada por la defensa.

El procurador Luis Carlos Gómez advirtió que las investigaciones todavía no descartan la existencia de más personas involucradas en el reclutamiento de panameños. “No se descarta que puedan haber otras personas realizando labores de reclutamiento”, afirmó, al indicar que las autoridades continúan verificando el alcance de la estructura y los distintos niveles de participación de quienes facilitarían estos viajes.

Gómez también explicó que una de las principales líneas de investigación consiste en determinar si estos hechos pueden configurarse como trata de personas, particularmente cuando existan elementos de engaño o coacción.

“Habría que verificar esos niveles de reclutamiento y si pueden coincidir con modalidades posibles de trata de personas”, señaló.

Otra de las interrogantes que busca resolver el Ministerio Público es si algunos de los ciudadanos viajaron voluntariamente o si fueron inducidos mediante información falsa sobre las condiciones reales del empleo ofrecido.

Al ser consultado sobre este aspecto, el procurador respondió que esa será precisamente una de las tareas de las investigaciones. “Vamos a ir afinando las líneas que correspondan para identificar si efectivamente fue un ingreso voluntario o un ingreso bajo coacción”, indicó.

El funcionario también aprovechó para enviar un mensaje de advertencia a quienes puedan sentirse atraídos por este tipo de ofertas. Señaló que incorporarse a conflictos armados en el extranjero puede tener consecuencias fatales y reiteró el llamado a mantenerse alerta frente a propuestas laborales que prometen elevados ingresos sin suficiente respaldo o garantías.

Las investigaciones se producen mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha generado múltiples denuncias internacionales sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros mediante incentivos económicos.

En Panamá, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una organización dedicada a captar personas aprovechando su situación económica y trasladarlas hacia un escenario de guerra bajo falsas promesas de empleo.