
El Juzgado Tercero Penal resolvió este martes Luis Pacheco y Héctor Chaclán salgan de prisión preventiva con medidas sustitutivas, después de un año y tres meses encarcelados, al considerar que no existe peligro de fuga ni de obstaculización y que ya excedieron el plazo legal para seguir privados de libertad mientras avanza el proceso por las protestas de 2023 en Guatemala.
La decisión también cambió el calendario del caso: el juez Mynor Moto concedió un mes adicional de investigación al Ministerio Público por la incorporación del delito de asociación ilícita y reprogramó la audiencia de etapa intermedia del 19 de agosto al 22 de septiembre.
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Según la resolución leída en audiencia, ambos quedarán sujetos a arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, obligación de registrar su huella en el sistema biométrico una vez al mes, prohibición de hablar con testigos, pago de una caución de Q160 mil cada uno y prohibición de ejercer cargos públicos.
Esa última medida impide que Pacheco vuelva por ahora a su puesto como viceministro de Energía y Minas, cargo que había quedado suspendido desde su captura. Una vez pagada la caución, ambos deberán firmar el acta de compromiso y esperar una nueva citación judicial, según información del Diario LaHora.
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El juez sostuvo que la prisión preventiva ya no era indispensable
En la audiencia, transmitida por la página oficial de los 48 cantones, Moto explicó que la legislación procesal penal establece que la libertad solo debe restringirse dentro de límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado. También afirmó que los riesgos procesales no pueden presumirse y que, en este caso, ya quedó desvirtuado que Pacheco y Chaclán vayan a fugarse o a interferir en la averiguación de la verdad.
El juez señaló además que los delitos atribuidos en este expediente no están dentro de los supuestos que impiden otorgar medidas sustitutivas. A eso sumó que la prisión preventiva debe ser excepcional y que la regla general es que el acusado enfrente el proceso en libertad.
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Moto recordó en audiencia que los dos procesados están por cumplir casi 16 meses privados de libertad. En ese tramo de su exposición sostuvo que ya se cumplían los presupuestos para la cesación del encarcelamiento y que el tiempo transcurrido permitía revisar la coerción impuesta.
La postura del Ministerio Público también fue distinta a la de audiencias anteriores. Esta vez, el fiscal no se opuso a la revisión de la medida de coerción y sostuvo que, después del tiempo que llevaban presos, podían resolver su situación legal fuera de la cárcel.
La causa sumó otra acusación y mantiene los cargos por terrorismo
Antes de resolver la libertad condicionada, el juez dio cumplimiento a una orden de la Sala Cuarta Penal que en junio del año pasado dejó sin efecto el sobreseimiento por asociación ilícita y ordenó agregar ese delito al proceso.
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Con esa decisión, Pacheco y Chaclán quedan procesados por asociación ilícita, obstrucción a la justicia y terrorismo. Los cargos están vinculados a su papel como exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán durante las manifestaciones de 2023 que exigieron la renuncia de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.
La resolución responde de forma directa a la principal pregunta del caso: los exdirigentes no fueron absueltos ni quedó cerrado el expediente. Recuperarán la libertad bajo condiciones, pero seguirán sometidos a proceso penal mientras el Ministerio Público completa la investigación adicional y se define en septiembre si deben ir a juicio.
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En redes sociales, el diputado Samuel Pérez, ahora secretario del comité proformación del partido Raíces, anunció que esa organización pagará la fianza de ambos. En su mensaje dijo: “Acabamos de enterarnos de la resolución que deja en libertad finalmente después de más de un año en la cárcel a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Y como un compromiso con ellos y con su libertad, con Raíces vamos a pagar la fianza completa que les impuso injustamente Mynor Moto”.
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