Un registro oficial reciente ha puesto en relieve la urgencia de abordar la situación de jóvenes y adultos en situación de calle en Panamá, ya que la falta de redes familiares y laborales sólidas provoca que muchos regresen a la intemperie tras breves estadías en albergues.
Las autoridades han identificado el desafío de prevenir la reincidencia como uno de los principales obstáculos para la reinserción social.
Los últimos registros que se tienen de la Alcaldía de Panamá contabilizan en 1,590 los habitantes ‘sintecho’ que pernoctan en las calles y sitios públicos del distrito capital.
Para tratar de enfrentar esta situación, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se nombró una subcomisión para analizar y unificar dos iniciativas de ley que buscan lograr un plan de resocialización para los habitantes de calles.
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Una crea el plan nacional integral de rehabilitación y resocialización para personas en situación de calle, y la otra iniciativa establece el marco legal para la protección, atención integral y reinserción social de las personas en situación de calle.
La subcomisión tendrá un plazo de 15 días para poder lograr un diálogo amplio con todos los sectores, que permitan robustecer la norma.
Mayer Mizrachi, alcalde del distrito capital, sostiene que para esta labor se requiere de la voluntad de muchas instituciones, como el gobierno local y central para que cada una pueda contribuir en materia de salud y desarrollo social, para lograr una reinserción de estos individuos que merecen una oportunidad.
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La entidad alcaldicia realiza esporádicamente jornadas de captación, donde a estas personas se les entrevista sobre su procedencia y acerca de su familia, a la que se ubica, se les contacta y se les reúne.
En medio de esta situación, el gobierno panameño advirtió que cerca de 250,000 jóvenes no estudian ni trabajan actualmente, cifra que representa el 5% de la población del país.
Este grupo enfrenta riesgos elevados de abandono, exclusión y violencia, quedando expuesto a condiciones de vulnerabilidad extrema.
La situación de las personas en situación de calle en Panamá se caracteriza por un aumento de jóvenes y adultos sin acceso a educación ni empleo, lo que debe impulsar al Estado a reforzar programas sociales, crear nuevos centros de atención y destinar recursos para albergues, comedores y subsidios económicos, con el objetivo de reducir la exclusión y facilitar la reincorporación social.
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El país, según las autoridades gubernamentales, destina recursos crecientes dentro del presupuesto general para fortalecer la red de servicios sociales.
Los últimos informes indican que para el 2027 se han asignado aproximadamente $3,400 millones a subsidios y programas de apoyo económico, de los cuales unos $1,500 millones se canalizan a través de la Caja de Seguro Social para personas vulnerables.
Adelantan que los programas oficiales priorizan la prevención de la deserción escolar y la promoción de bienestar emocional mediante actividades educativas, recreativas y de acompañamiento.
La atención a la niñez, adolescencia y juventud en riesgo incluye acompañamiento escolar, soporte emocional y actividades extracurriculares.
El acceso a espacios de recreación y oportunidades formativas constituye una herramienta central para alejar a los menores de la violencia y protegerlos de los peligros asociados a la vida en la calle.
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La estrategia nacional que se busca implementar prevé la apertura de centros multiservicio donde los beneficiarios podrán acceder, en un solo lugar, a salud, orientación jurídica, programas sociales, vivienda y oportunidades de reinserción educativa y laboral.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es reemplazar la atención fragmentada por una puerta única de entrada a derechos y servicios básicos, según versiones oficiales.
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