
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó al Ministerio de Justicia retirar todos los tomacorrientes ubicados en las celdas de los centros penitenciarios del país, luego de que las autoridades confirmaran el decomiso de 352 pantallas de televisión y 238 hornos de microondas durante un operativo realizado en las prisiones.
La instrucción fue girada durante la conferencia de prensa semanal, cuando la mandataria consultó al ministro de Justicia sobre los resultados del compromiso asumido por el Gobierno de retirar los electrodomésticos que permanecían dentro de las celdas de las personas privadas de libertad.
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"Habíamos asumido un compromiso de retirar los televisores de las celdas de las personas presas. ¿Cómo le fue con ese operativo?“, preguntó la presidenta.
En respuesta, el jerarca explicó que, siguiendo las directrices emitidas al inicio de la administración, se ejecutó un operativo nacional que permitió retirar cientos de aparatos eléctricos de los distintos centros penitenciarios.
"De acuerdo con las directrices que giramos a inicios de su gestión en mayo, retiramos 238 microondas y 352 pantallas de las celdas de los privados de libertad. Ese fue el resultado del operativo“, indicó el ministro.
Tras escuchar el informe, Laura Fernández preguntó si eso significaba que las personas privadas de libertad ya no contaban con electrodomésticos que requirieran suministro eléctrico dentro de las celdas.
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Cuando el ministro respondió de forma afirmativa, la mandataria fue más allá y anunció una nueva medida.

"Entonces, ¿para qué tenemos tomacorrientes? Por favor, quítele también los tomacorrientes de las celdas. ¿Para qué tener tomacorrientes ahí y riesgos de manipulación de esto, de que guarden cosas? Por favor, ministro, también retire los tomacorrientes. No hay sentido de tener tomacorrientes en celdas si no tienen que conectar absolutamente ningún artefacto eléctrico“, manifestó.
El ministro respondió de inmediato que la orden sería trasladada para su ejecución.
"Voy a girar su instrucción de inmediato a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para que procedan“, señaló.
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La decisión representa un nuevo paso dentro de la política del Gobierno para endurecer los controles en el sistema penitenciario costarricense y reducir los privilegios que históricamente han generado cuestionamientos sobre las condiciones en que permanecen algunos privados de libertad.
En los últimos meses, la administración ha insistido en que los centros penales deben enfocarse en la seguridad, el cumplimiento de las penas y los procesos de reinserción social, dejando atrás beneficios que, a criterio del Ejecutivo, no corresponden con el objetivo del sistema penitenciario.
El retiro de los televisores y microondas se convirtió en uno de los compromisos anunciados por la administración durante las primeras semanas de gestión del nuevo Gobierno. La medida buscaba eliminar aparatos eléctricos que permanecían en las celdas y que, según las autoridades, podían representar un privilegio injustificado o convertirse en un riesgo para la seguridad interna.
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Ahora, con la eliminación de los tomacorrientes, el Ejecutivo pretende cerrar la posibilidad de que vuelvan a instalarse dispositivos eléctricos dentro de los dormitorios de los privados de libertad o que las conexiones sean utilizadas para otros fines.
La ejecución de la medida quedará en manos de la Dirección General de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria, instituciones que deberán coordinar la eliminación física de las conexiones eléctricas en las celdas, de acuerdo con la instrucción presidencial.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha precisado cuántos centros penitenciarios serán intervenidos, el costo que tendrá el retiro de los tomacorrientes ni el plazo en que se ejecutarán los trabajos.
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