
El déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.
El resultado permitió reducir el desbalance de las cuentas públicas a $1,729.6 millones, equivalente al 1.82% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a los $2,228.4 millones, o 2.46% del PIB, registrados en el mismo período de 2025.
El comportamiento de las cuentas públicas muestra que los ingresos crecieron mucho más rápido que los gastos. Entre enero y mayo, el SPNF registró ingresos por $6,016.7 millones, un aumento de 9.5% respecto al mismo período de 2025, mientras que los gastos totales apenas crecieron 0.3%, al pasar de $7,721.6 millones a $7,746.3 millones.
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Esta diferencia permitió mejorar tanto el déficit total como el balance primario, que pasó de 1.11% a 0.52% del PIB, antes del pago de intereses de la deuda.

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos ingresos crecieron $267.7 millones, además de $97 millones adicionales del Gobierno Central y $198.2 millones en ingresos de capital.
En paralelo, la recaudación tributaria del Gobierno Central aumentó 6.6%, impulsada por un mejor desempeño del ITBMS sobre ventas, el impuesto de inmuebles, el ITBMS a las importaciones y el impuesto sobre la renta proveniente de salarios. También crecieron los impuestos selectivos al consumo, especialmente sobre automóviles y cigarrillos.
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Sin embargo, la reducción del déficit no se explica únicamente por una mayor recaudación. Uno de los factores con mayor incidencia fue la caída de la inversión pública, reflejada en un descenso de 11% del gasto de capital.
Entre enero y mayo, este rubro pasó de $1,578.6 millones a $1,404.3 millones, es decir, $174.3 millones menos que en igual período de 2025. Al ejecutarse menos recursos en infraestructura y otros proyectos, el crecimiento del gasto total permaneció prácticamente estancado, favoreciendo directamente la reducción del déficit.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuye esa disminución a un efecto de comparación, al señalar que durante 2025 se realizaron desembolsos extraordinarios para proyectos de infraestructura del sector salud que elevaron la base del año anterior.
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Según la entidad, la ejecución observada en 2026 mantiene un ritmo acorde con la programación prevista. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto, ya que puede aplazarse para aliviar las presiones fiscales, a diferencia de gastos rígidos como salarios, pensiones o intereses de la deuda.
La inversión pública tiene además un papel determinante sobre la actividad económica, al financiar carreteras, hospitales, escuelas, obras de infraestructura y otros proyectos que impulsan el empleo y la demanda interna.
Si bien una menor ejecución contribuye a mejorar el balance fiscal en el corto plazo, también puede retrasar obras estratégicas y reducir el efecto dinamizador que estas tienen sobre sectores como la construcción, el transporte y los servicios.
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El desafío para las autoridades será mantener la consolidación fiscal sin comprometer inversiones clave para el crecimiento económico.
Mientras tanto, las principales presiones sobre las finanzas públicas continúan concentrándose en el gasto rígido. Mientras la inversión pública cayó $174.3 millones, el Estado destinó $1,235.3 millones únicamente al pago de intereses de la deuda, un incremento de 1.1% respecto al año anterior.
A ello se suma que el gasto corriente de la Caja de Seguro Social aumentó 8.3%, impulsado por un mayor pago de pensiones y jubilaciones debido al crecimiento del número de beneficiarios.
Aunque el MEF destaca que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.
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Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del PIB establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

Sin embargo, las propias cifras dejan claro que el reto para el resto del año será mantener la reducción del déficit sin seguir apoyándose en una menor ejecución de inversiones, al tiempo que se enfrentan las crecientes presiones derivadas de las pensiones y del servicio de la deuda, dos de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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