La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este miércoles la aprehensión de un ex representante de corregimiento y una ex tesorera en el distrito de Munä, corregimiento de Peña Blanca, territorio de la comarca Ngäbe Buglé.
La acción, realizada con el apoyo de la Fiscalía Superior Anticorrupción y los cuerpos auxiliares de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, se relaciona con una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
La operación se desarrolló a primera hora de este miércoles y permitió la captura de ambos exfuncionarios, quienes se encontraban bajo seguimiento judicial por su posible participación en el desvío de fondos públicos.
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De acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la Nación, la diligencia incluyó la recuperación de equipo tecnológico que habría sido utilizado durante la gestión administrativa de los investigados y que ahora forma parte de los elementos probatorios recabados por el Ministerio Público.
La Fiscalía Superior Anticorrupción detalló que la investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de ambos exservidores públicos.
Conforme a lo divulgado por los medios de comunicación, “la aprehensión se produjo tras una serie de pesquisas y verificación documental que vinculan a los exfuncionarios con el manejo indebido de recursos estatales, específicamente en la administración de partidas presupuestarias asignadas al corregimiento”.
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En Panamá, los fondos de descentralización fueron creados para fortalecer a los gobiernos locales, permitiendo que juntas comunales y municipios ejecuten proyectos de infraestructura social, mantenimiento, apoyo comunitario y servicios básicos.
Estos recursos provienen del presupuesto general del Estado y son transferidos a los corregimientos con el objetivo de acercar la inversión pública a las comunidades.
Los fondos provienen principalmente de la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transferidos a los municipios y las juntas comunales mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios.
En la operación de la aprehensión del ex representante de corregimiento y de la ex tesorera en el distrito de Munä participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial y efectivos de la Policía Nacional, quienes ejecutaron las órdenes judiciales en coordinación con la Fiscalía Superior Anticorrupción.
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La Procuraduría General de la Nación reiteró que el equipo tecnológico recuperado será sometido a peritaje informático para determinar su vinculación con las investigaciones en curso.
Según fuentes de la institución, “los dispositivos electrónicos contienen información relevante sobre movimientos financieros y gestiones administrativas realizadas durante el periodo investigado”.
El procedimiento de aprehensión se inscribe en el marco de una ofensiva nacional contra la corrupción administrativa, impulsada por la Procuraduría General de la Nación en diferentes regiones del país. Conforme al seguimiento, se dijo que las acciones de la fiscalía buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, con énfasis en áreas vulnerables como la comarca Ngäbe Buglé.
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Fuentes de la Fiscalía Superior Anticorrupción indicaron que la investigación se inició tras la recepción de denuncias ciudadanas sobre irregularidades en la ejecución de proyectos comunitarios y el presunto desvío de fondos destinados a obras sociales. Los exfuncionarios serán puestos a disposición de un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza la investigación.
La detención de estas personas se suma a una serie de acciones judiciales registradas en lo que va de 2026 contra exfuncionarios de juntas comunales en todo el país, vinculados a investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos asignados para obras sociales.
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