Costa Rica presenta paquete de 24 medidas para fortalecer el cobro de impuestos, combatir la evasión y el contrabando sin crear nuevos tributos

El Gobierno de Costa Rica presentó una estrategia integral compuesta por 24 acciones de corto, mediano y largo plazo con las que pretende fortalecer la recaudación tributaria, combatir el contrabando, reducir la evasión fiscal y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, todo ello sin aumentar impuestos ni crear nuevos tributos.

Laura Fernández, el exministro de Hacienda y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, defendieron la situación económica que recibió la actual administración y aseguraron que los resultados alcanzados en materia fiscal permiten impulsar ahora una nueva etapa enfocada en cobrar correctamente los impuestos existentes.

Como parte de la exposición, el Gobierno utilizó la metáfora de una “casa” para describir la condición financiera del país en mayo de 2022. Según las autoridades, Costa Rica enfrentaba una deuda equivalente al 67% del Producto Interno Bruto (PIB), un desempleo del 13.6%, una inflación del 8.71% y una baja calificación de riesgo internacional que limitaba el acceso al financiamiento.

El Ejecutivo sostuvo que esos indicadores han mejorado durante los últimos cuatro años. De acuerdo con los datos presentados, la deuda pública se redujo al 60.5% del PIB, el desempleo cayó al 6.7%, la inflación se ubicó por debajo del 1% y las reservas monetarias internacionales pasaron de 6,197 millones de dólares a más de 20,704 millones de dólares.

La presidenta afirmó que esos resultados permitieron fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, aunque advirtió que mantener esa tendencia requiere nuevas reformas para impedir que la deuda vuelva a crecer en los próximos años.

Uno de los principales de Fernández fue que el Gobierno descarta promover nuevos impuestos y, en cambio, apuesta por mejorar la capacidad del Estado para cobrar los existentes.

“Costa Rica no necesita más impuestos. Lo que necesita es que los vivazos paguen lo que les corresponde”, señaló la mandataria durante la presentación.

Entre los ejemplos expuestos, Hacienda indicó que detectó un vehículo Toyota Land Cruiser modelo 2025 cuyo valor fue declarado en apenas 20,000 dólares, cuando su precio real rondaba los 140,000 dólares, situación que habría generado una evasión cercana a 26 millones de colones (USD 55 mil) en impuestos.

También se mencionó el caso de un Ferrari cuyo valor habría sido subdeclarado, lo que representó una diferencia tributaria superior a los 67 millones de colones (USD 135 mil)

Las autoridades señalaron además que continúan identificando organizaciones dedicadas a comercializar facturas electrónicas falsas, utilizadas por empresas para disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

Según Hacienda, uno de los expedientes detectados involucró una reducción indebida de más de 41 millones de colones mediante este mecanismo.

Para enfrentar esta modalidad, el Gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría suspender administrativamente la emisión de facturas electrónicas a empresas que se determine venden comprobantes falsos, incluso antes de que concluyan largos procesos judiciales.

El viceministro Víctor Julio Carvajal informó además que este miércoles se presentarán las primeras diez denuncias penales contra contribuyentes vinculados al uso de facturación falsa.

Añadió que actualmente existen más de 400 investigaciones abiertas, que abarcan desde pequeños negocios hasta grandes empresas.

Otro de los puntos abordados fue la información que circuló en redes sociales sobre supuestos impuestos al Sinpe Móvil.

El Gobierno negó que exista una iniciativa para gravar las transferencias personales entre ciudadanos y aseguró que la intención es identificar negocios que reciben pagos mediante esa plataforma, cobran el impuesto correspondiente al consumidor, pero luego omiten declarar parte de esos ingresos ante Tributación.

Como ejemplo, Hacienda expuso el caso de un comercio que recibió más de 24 millones de colones (USD 50 mil) mediante Sinpe Móvil, pero ocultó alrededor de 8 millones (USD 18 MIL) en ventas y nunca emitió facturas electrónicas por esos montos.

La estrategia también contempla modificaciones para agilizar el cobro de obligaciones tributarias pendientes.

Según Carvajal, actualmente existen más de 400,000 millones de colones (USD 89.4 millones) en procesos de cobro judicial que permanecen sin recuperarse debido a la lentitud de los tribunales.

El Ejecutivo pretende impulsar reformas legales que permitan a la Administración Tributaria ejecutar los cobros una vez agotadas las etapas administrativas, reduciendo los tiempos de recuperación de esos recursos.

En materia aduanera, el viceministro aseguró que el 80% de las infracciones actualmente no reciben sanción, por lo que se impulsarán cambios legales para fortalecer los controles sobre mercancías en tránsito, mejorar la trazabilidad de las importaciones y endurecer las sanciones contra evasores y contrabandistas.

El paquete también incorpora medidas de contención del gasto público.

El Gobierno anunció que solicitará a todas las instituciones estatales realizar un ahorro del 5% en sus presupuestos para el 2027 y reiteró que buscará un uso más eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, adelantó un proyecto para revisar el régimen de exoneraciones fiscales y establecer un marco de sanciones para quienes hagan un uso indebido de estos beneficios.

Durante la conferencia semanal del gobierno también hubo fuertes críticas hacia la oposición política y al Poder Judicial. Rodrigo Chaves cuestionó la actuación de diputados de la administración anterior y de algunos magistrados, mientras defendió que las reformas buscan proteger las finanzas públicas y evitar que la carga de la deuda recaiga sobre las futuras generaciones.

El Gobierno insistió en que el propósito de las iniciativas no es aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos cumplidores, sino cerrar espacios a la evasión, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar que los recursos públicos puedan destinarse a infraestructura, seguridad, salud y educación.