Los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) por cuotas obrero-patronales alcanzaron los $2,245.7 millones durante los primeros seis meses de 2026, un aumento de $145.7 millones o 6.9% frente a los $2,100 millones recibidos en igual periodo de 2025.
El resultado refleja una mayor entrada de recursos para financiar pensiones, subsidios, atención médica y otras prestaciones. Sin embargo, ocurre al mismo tiempo que continúa creciendo la morosidad de los empleadores y que las entidades estatales tienen un peso determinante en el aumento reciente de la deuda.
La cartera morosa pasó de $279.47 millones en diciembre de 2025 a $301.9 millones en junio de 2026. La diferencia fue de veintidós millones, equivalente a un incremento de 8.02% en apenas seis meses transcurridos.
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Aunque la recaudación creció, la deuda aumentó a una velocidad superior. Además, la CSS reveló que el 78% del nuevo saldo moroso se concentra en apenas diez empleadores del sector público. Esto equivale a aproximadamente $17.5 millones de los $22.42 millones incorporados a la cartera durante el periodo.
Entre esas instituciones aparece la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuya deuda con la seguridad social ascendía a $10.99 millones al momento del corte. Por sí sola, esa obligación representa cerca de la mitad del aumento registrado entre diciembre y junio.
La Unachi ha permanecido bajo escrutinio público en los últimos años por el crecimiento de su presupuesto, su planilla y los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos. Durante los 13 años de gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la institución, el presupuesto anual pasó de $36.4 millones en 2013 a más de $80 millones proyectados para 2026, mientras su administración manejó cerca de $988.2 millones.
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Tras meses de cuestionamientos y semanas de una intensa crisis institucional, financiera y administrativa, Medianero de Bonagas presentó su renuncia, efectiva desde el 8 de junio de 2026.
La CSS precisó que algunas de las entidades que figuraban como morosas al cierre del informe ya cancelaron sus compromisos o iniciaron gestiones para ponerse al día. Esos movimientos se reflejarán en la publicación correspondiente al cierre de dos mil veintiséis.
La revisión de los cuadros provinciales muestra 213 entidades estatales con obligaciones en la vía administrativa. De ese total, 197 no tenían convenio y adeudaban $16.33 millones, mientras otras 16 mantenían acuerdos administrativos sobre compromisos por $915,098.
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Chiriquí concentra la mayor cantidad registrada, con 53 entidades públicas: 45 sin convenio y ocho con acuerdos de pago. Le sigue la provincia de Panamá, con 50; Bocas del Toro, con 39; Panamá Oeste, con 22; Veraguas, con 14; Darién, con 12; y Coclé, con 11.
En Colón aparecen seis instituciones, Los Santos registra cuatro y Herrera, dos.
A las 213 instituciones bajo cobro administrativo se agregan otras 20 remitidas a jurisdicción coactiva, con una deuda de $8.72 millones. En total, 233 entidades estatales aparecen en las diferentes etapas de morosidad, con obligaciones que rondan los $25.97 millones.
Ese saldo representa aproximadamente el 8.6% de toda la cartera morosa de la CSS. Sin embargo, su impacto sobre el deterioro más reciente es mucho mayor, debido a que diez instituciones públicas explican el setenta y ocho por ciento del incremento semestral.
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La diferencia es bastante importante: el sector público no concentra la mayor parte de la deuda histórica, dominada por miles de empleadores privados, pero sí fue el principal responsable del crecimiento registrado durante los primeros seis meses de 2026.
Al cierre de junio, 29,148 empleadores mantenían pendientes $301.9 millones en cuotas obrero-patronales y otros conceptos. En diciembre de 2025 eran 28,964 patronos con obligaciones por $279.47 millones.
En seis meses se añadieron 184 empleadores, apenas 0.64% más. No obstante, el monto pendiente creció 8.02%, lo que indica que la deuda promedio avanzó mucho más rápido que la cantidad de morosos actuales.
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La provincia de Panamá concentra 18,537 empleadores y $196.71 millones, cerca de dos terceras partes del saldo nacional. Chiriquí registra 3,080 patronos y $30.24 millones; Colón, 1,590 y $24.27 millones; y Panamá Oeste registra otros 2,885 y $18.61 millones.
Los casos sin convenios administrativos suman 21,025 y representan $94.34 millones. Otros 6,955 empleadores fueron remitidos a jurisdicción coactiva sin arreglo de pago y concentran $170.64 millones, más de la mitad de toda la cartera.
La jurisdicción coactiva permite a la CSS ejecutar el cobro de cuotas, multas, recargos e intereses sin recurrir a los tribunales ordinarios. Los casos del sector público que continúan pendientes también fueron remitidos a esa instancia, según informó la dirección de Finanzas.
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