La ofensiva judicial contra exfuncionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo sumó un nuevo capítulo, cuando una jueza de garantías ordenó la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.
La decisión fue adoptada por la jueza Irene Cedeño durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde concluyó que la privación de libertad era la medida cautelar más adecuada debido a la gravedad del delito investigado y a la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga y la posible desatención del proceso.
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Antes de resolver sobre la medida cautelar, la jueza legalizó la aprehensión y una diligencia de vigilancia y seguimiento, además de admitir la formulación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa del exfuncionario anunció recurso de apelación, cuya audiencia fue fijada para el próximo veintidós de julio.
Una auditoría detectó un patrimonio sin justificar La investigación comenzó el 30 de marzo de 2026, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República detectara un presunto incremento patrimonial injustificado de 1.322.234,38 dólares, correspondiente al período en que Araúz dirigió la Autoridad Marítima de Panamá, entre julio de 2019 y junio de 2024.
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De acuerdo con las pesquisas divulgadas previamente por las autoridades, los auditores concluyeron que el exadministrador habría manejado más de 2.35 millones de dólares entre inversiones, cuentas bancarias, desembolsos y otros activos, mientras que los ingresos legalmente sustentados ascendían a poco más de un millón de dólares, diferencia que dio origen al proceso penal.
La captura se produjo el pasado 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando Araúz regresaba al país procedente de Asunción, Paraguay, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el cuatro de junio por la Fiscalía Anticorrupción.
Como parte de la investigación también fueron decretadas medidas cautelares de secuestro sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, depósitos y otros activos hasta por el monto de la presunta lesión patrimonial, con el propósito de garantizar una eventual recuperación de recursos públicos.
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Aunque el proceso penal está relacionado exclusivamente con un supuesto enriquecimiento injustificado, la gestión de Araúz al frente de la AMP permanecía bajo escrutinio público desde mucho antes.
Durante su administración, la entidad reconoció la extensión automática de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
La decisión generó fuertes cuestionamientos porque el acto administrativo fue reconocido sin el refrendo previo de la Contraloría General, requisito previsto por la legislación panameña para este tipo de contratos.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la prórroga al concluir que el procedimiento utilizado incumplió las exigencias legales, convirtiéndose en uno de los casos administrativos más controvertidos del gobierno de Laurentino Cortizo.
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Si bien esa controversia no forma parte del expediente por enriquecimiento injustificado, volvió a colocar el nombre de Araúz en el centro del debate público por el manejo de uno de los activos logísticos más estratégicos del país.
Más exfuncionarios bajo investigación
La decisión judicial coincide con una nueva comunicación de la Contraloría General de la República, que esta semana informó que continúa remitiendo al Ministerio Público denuncias penales derivadas de auditorías practicadas a instituciones públicas.
Entre los casos enviados a la Fiscalía figura precisamente el de Noriel Araúz, correspondiente a una auditoría cuyo informe fue concluido en abril de este año.
La lista también incluye a Publio De Gracia, quien se desempeñó como director general de Ingresos, investigado tras una auditoría concluida en mayo; y a Nadya Ríos, quien
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ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia de la República durante la administración Cortizo, cuyo expediente también fue remitido al Ministerio Público.
Asimismo, la Contraloría reportó denuncias relacionadas con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la empresa FCC Construcción, S.A., y el proyecto del mercado de mariscos de Puerto Armuelles, entre otros casos.
Según explicó la entidad fiscalizadora, las denuncias corresponden a hallazgos detectados durante auditorías realizadas en ejercicio de sus funciones constitucionales de control posterior y fiscalización del uso de los recursos públicos.
Con la decisión de la jueza de garantías, Araúz permanecerá detenido mientras avanza la investigación, salvo que un tribunal superior modifique la medida cautelar durante la audiencia de apelación programada para el próximo 22 de julio.
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El proceso buscará determinar si el incremento patrimonial atribuido al exadministrador de la Autoridad Marítima tiene una justificación legal o constituye un caso de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.
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