
Las autoridades de Panamá imputaron este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes, según informó la agencia de noticias EFE, con base en datos del Ministerio Público panameño. El caso llamado Operación Pandora expone uno de los esquemas de corrupción de los últimos años en la administración fiscal del país centroamericano.
De acuerdo con el reporte de EFE, la investigación señala que los implicados, en su mayoría vinculados a la Dirección General de Ingresos (DGI), alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes. Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.
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El Ministerio Público destacó que 13 de los detenidos permanecen bajo detención provisional, mientras que los tres restantes continúan en arresto domiciliario. Los delitos atribuidos incluyen crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. EFE detalló que la investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
La operación incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentación para las pesquisas. La Fiscalía explicó que la estructura utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para borrar registros de obligaciones fiscales ya canceladas. Al quedar los montos como pagos pendientes dentro del sistema, estos créditos podían ser comercializados a entidades financieras, generando un circuito de ganancias ilegítimas.
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Cómo operaba la red
Según la nota de EFE, la red estaba integrada tanto por funcionarios actuales como por particulares. Las pesquisas apuntan a que algunos de los involucrados recibían pagos adicionales a sus salarios a cambio de realizar los ajustes internos requeridos para concretar la manipulación. Las autoridades panameñas subrayaron que la operación responde a una estrategia de largo plazo para combatir el uso indebido del sistema tributario y el desvío de recursos públicos.
El caso, conocido como Operación Pandora, se suma a una serie de investigaciones que tienen bajo escrutinio a la DGI desde hace tres años. Según información del propio Ministerio Público, la manipulación informática en el sistema E-Tax no solo permitía eliminar registros de pagos, sino también trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, aumentando el potencial de perjuicio para el Estado.
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El impacto económico y los antecedentes
El impacto económico del fraude ha sido evaluado en auditorías internas con un rango estimado de entre USD 40 y USD 80 millones, una cifra que supera ampliamente los primeros cálculos oficiales. EFE subrayó que, aunque la denuncia inicial surgió en 2024, las investigaciones sobre la administración tributaria panameña han derivado en otros operativos, como la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, ambas enfocadas en la creación y cesión irregular de créditos fiscales.

Las autoridades mantienen la investigación bajo reserva mientras continúan el análisis de la evidencia tecnológica y documental recopilada en los allanamientos. De acuerdo con EFE, la Fiscalía evalúa nuevas líneas de indagación que podrían incluir a empresas intermediarias y familiares de los implicados. El Ministerio Público reiteró que el caso es parte de un esfuerzo para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión tributaria del país.
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