Salvadoreño que prometía permisos a comerciantes capitalinos y les cobraba hasta USD 1.000 seguirá preso por estafa

La Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó que José R. P. permanecerá detenido mientras avanza su proceso penal, acusado de estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de comerciantes de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la institución, Pérez simulaba ser empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador y ofrecía gestionar permisos y licencias para la operación de negocios a cambio de 1.000 dólares estadounidenses.

Según la información recogida y divulgada por las autoridades de investigación penal, José R. P. contactaba a propietarios de pequeños comercios y emprendimientos en San Salvador, a quienes aseguraba contar con influencias dentro de la municipalidad. El imputado solicitaba pagos anticipados bajo la promesa de facilitar los trámites y evitar inspecciones, y tras recibir el dinero entregaba documentos apócrifos.

¿Cómo detectó el caso la FGR?

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó que las víctimas recibían licencias comerciales y permisos sanitarios falsificados, supuestamente expedidos por la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Ministerio de Salud. Las autoridades recalcaron que los papeles carecían de validez legal y que las firmas y sellos eran imitaciones. Según los documentos judiciales citados por la FGR, el monto de cada estafa ascendía a 1.000 dólares por caso, afectando especialmente a pequeños empresarios que buscaban regularizar sus actividades.

El caso fue detectado luego de que varias personas intentaran validar los permisos en oficinas municipales y descubrieran las irregularidades. Posteriormente, los afectados acudieron a la FGR, que inició la investigación y solicitó la detención provisional del acusado. Se detalló que la FGR solicitó al tribunal que José siga en prisión preventiva debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los delitos imputados.

En la audiencia inicial, el juzgado especializado resolvió que José R. P. continúe privado de libertad mientras se desarrolla el proceso penal. La FGR subrayó que la investigación sigue abierta y no descarta la aparición de nuevas víctimas o la posible vinculación de más personas a la red de fraude. Según la fiscalía, “el imputado se aprovechó de la necesidad de los comerciantes y confeccionó documentos con apariencia oficial para obtener un lucro indebido”.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar la autenticidad de cualquier permiso o licencia ante las instituciones correspondientes y alertar sobre cualquier ofrecimiento irregular. La Fiscalía General de la República reiteró que el combate a la estafa y la falsificación de documentos oficiales es una prioridad institucional y llamó a quienes hayan sido afectados a presentar sus denuncias.

En El Salvador la falsificación de documentos no se castiga bajo un único delito. El Código Penal la tipifica en varias figuras según el tipo de documento y la forma en que se altera.

Dentro del Capítulo II, “De la Falsificación de Documentos”, la falsedad material (artículo 283) se configura cuando una persona hace un documento falso, total o parcialmente, o altera uno verdadero al modificar su texto. La pena prevista es de 3 a 6 años de prisión si se trata de un documento público o auténtico. En el caso de un documento privado, la sanción es de 1 a 3 años de cárcel cuando la alteración se realiza para causar perjuicio a otra persona.