Panamá logra consenso regional para que el etiquetado general de alimentos tenga información complementaria en español

Panamá incorporó, para su aplicación nacional, una alternativa que permitirá que los alimentos preenvasados que ingresen al país con su etiqueta original en inglés puedan poner a disposición de los consumidores la información complementaria en español.

Esto se haría mediante herramientas tecnológicas, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

La propuesta panameña se incorpora al nuevo Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Alimentos Preenvasados, y la misma se dio durante la reciente reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).

El Comieco es el órgano rector del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, integrado por los ministros responsables de los asuntos de integración económica de cada uno de los países de la región. Su función principal es coordinar, armonizar y unificar las políticas económicas entre los Estados parte.

Constituye el máximo órgano de decisión del Mercado Común Centroamericano y actúa bajo el marco del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana.

Entre sus funciones está el ejecutar las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes en materia de integración económica, además de aprobar reglamentos y actos administrativos aplicables a los países del Subsistema Económico, y formular propuestas de políticas generales y directrices fundamentales para la integración regional.

También le toca dirigir y administrar el régimen arancelario y aduanero centroamericano, y supervisar la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración y dar seguimiento a las políticas institucionales del proceso.

Se explicó que la posición de Panamá de incorporar la propuesta nacional sobre el etiquetado general de alimentos fue construida en el Subcomité de Etiquetado de los Alimentos, que forma parte del Comité Nacional de Tecnología de los Alimentos, un espacio de trabajo liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias.

En él participan representantes de instituciones públicas, la academia, organizaciones de consumidores y el sector privado. El consenso alcanzado en este espacio permitió sustentar la posición presentada por Panamá durante la negociación regional.

La aprobación, señala el Ministerio de Comercio e Industria, representa un paso importante para el país al reflejar una posición nacional construida mediante el diálogo, el consenso y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo la participación de Panamá en los procesos de integración económica regional.

“La competitividad de un país también se construye defendiendo sus intereses en los espacios donde se toman las decisiones. Este resultado demuestra que, cuando el sector público, la academia, las organizaciones de consumidores y el sector privado trabajan de manera coordinada, Panamá puede construir consensos y alcanzar acuerdos que responden a las necesidades del país, sin perder de vista el derecho de los consumidores a contar con información clara sobre los productos que adquieren”, manifestó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El Ministerio de Comercio e Industrias reafirmó en una nota de prensa su compromiso de continuar impulsando procesos de reglamentación técnica construidos con la participación de todos los sectores involucrados, promoviendo un marco regulatorio moderno, transparente y acorde con las necesidades del país y de sus consumidores.

Sobre el tema, el Ministerio de Salud de Panamá subrayó la importancia del registro sanitario obligatorio y el cumplimiento del etiquetado como requisito esencial para garantizar información transparente al consumidor.

Entre los incumplimientos más frecuentes figuran la ausencia de datos básicos sobre el origen, la composición y las características del producto. Las autoridades realizan operativos donde productos sin registro o etiquetado inadecuado resultan decomisados, lo que evidencia una fiscalización activa del cumplimiento normativo.